Algunos requisitos sociales de la democracia: Desarrollo Económico y Legitimidad Política: Seymour Martin Lipset

Lipset en este artículo, que se expuso por primera vez en Septiembre de 1958 en la American Political Sciencie Association, trata de demostrar que la democracia no se alcanza sólo por actos de voluntad; aunque acepta que las voluntades de los hombres, a través de la acción, pueden conformar instituciones y acontecimientos orientándolos en direcciones que aumenten o disminuyan la posibilidad de que la democracia surja y sobreviva. Para Lipset los dos requisitos esenciales para alcanzar una democracia estable son: el desarrollo económico y la legitimidad democrática.

Lipset mantiene que cuanto más próspera es una nación, mayores son sus posibilidades de mantener una democracia y para comprobar esta hipótesis, realiza un análisis comparativo, utilizando los siguientes indicadores de desarrollo económico: riqueza, industrialización, urbanización y educación.

Por otro lado, sostiene que un alto nivel de legitimidad democrático puede resolver las crisis de eficacia, como pueden ser las depresiones económicas. A su vez, la legitimidad democrática de una sociedad depende en gran medida, de los medios con que se hayan resuelto los temas clave que han dividido históricamente a esa sociedad. Pero al mismo tiempo, indica que la eficacia prolongada que perdura durante una serie de generaciones puede legitimar un sistema político; esa eficacia significa principalmente, en el mundo moderno, progreso económico constante. Pero en toda democracia existe la amenaza constante e intrínseca de que los conflictos entre los distintos grupos, que son la savia del sistema, puedan cristalizar hasta correr el peligro de una desintegración social. Estos conflictos los resume en:

a)       La cuestión religiosa; el lugar que debía ocupar la Iglesia y/o la existencia de diversas religiones dentro de la nación.

b)       La admisión de los estratos más bajo, en especial los obreros, a la condición de “ciudadanos”, la entronización del acceso al poder a través del sufragio universal, y del derecho legítimo a negociar colectivamente en la esfera económica.

c)        La lucha constante en torno a la distribución de la renta nacional.

A su vez, una democracia estable exige una tensión relativamente moderada entre las fuerzas políticas contendientes. Y la capacidad del sistema para resolver las cuestiones clave que dividen a los individuos antes de que surjan otras nuevas facilita la moderación política. El sistema se debilita en la medida en que se permite que las divisiones de religión, ciudadanía y “negociación colectiva” se acumulen y se refuercen entre ellas estimulando la hostilidad partidista. Las condiciones que maximizan el proselitismo político entre el electorado son el aumento de la urbanización, la instrucción, los medios de comunicación y la riqueza. Vemos así, una vez más, que los factores relacionados con la modernización o el desarrollo económico están estrechamente vinculados a los relacionados con la institucionalización histórica de los valores de legitimidad y tolerancia.

No obstante, Lipset no tiene en cuenta que el éxito de las reformas económicas, que motivan que un país tenga un progreso económico constante, y no desencadene en una crisis de eficacia y por tanto termine por legitimar la democracia, depende de actos de voluntad, de decisiones estrictamente políticas (mantener una tasa de inflación baja, una productividad alta, un bajo nivel déficit público, una baja tasa de desempleo, etc.). Así pues, el desarrollo económico es un factor facilitador, pero no determinante, para la consolidación de una democracia y que depende, en última instancia, de los actos políticos, de los actos del gobierno.

Además, la diferencia entre la consolidación y el colapso es, a veces, una simple cuestión de habilidad de los políticos para construir un marco adecuado en el que germine el proceso democrático, para reunir las adhesiones necesarias para su mantenimiento y reafirmar la conveniencia de una alianza de los demócratas frente a las acciones y las amenazas que provienen de los grupos más radicales. Es decir, lo que algunos han llamado el uso de la artesanía o ingeniería política para superar situaciones de crisis de eficacia y legitimidad. Así la habilidad política de Suárez en la transición fue determinante para la instauración y consolidación de la democracia en España.

El problema de los estudios que ponen el énfasis en las condiciones estructurales (económicas, culturales, sociales…) es que son demasiado deterministas, no explican bien una larga serie de evidencias contrarias o de casos desviados de sus modelos teóricos (países de la OPEP como Arabia Saudi, Irak, Irán, Kuwait, Argelia, Angola, Libia… son los países con mayor riqueza del mundo y ni por aproximación se acercan a la definición de Lipset de democracia)  y no tienen en cuenta el factor tiempo ni los aspectos dinámicos de estos procesos (los sucesos históricos y las decisiones tomadas por los actores intervinientes). En cambio, las teorías centradas en los actores, en sus interacciones y en sus comportamientos estratégicos resultan excesivamente voluntaristas y no prestan gran atención ni a la formación de las preferencias de los propios actores ni a las limitaciones que las vías de cambio les imponen. Por ello, creo que para una mejor comprensión de estos dos aspectos es necesario recurrir al estudio comparado de las consecuencias de las instituciones políticas. Las instituciones constituyen el marco que estructura el sistema de incentivos en que deben desarrollarse las acciones políticas: crean actores, les ayudan a decantar sus preferencias, a generar sus expectativas y a formular sus estrategias. Por ello, para comprender bien el proceso de transición y consolidación democrática hay que considerar, las consecuencias del tipo de transición elegido o forzado para el establecimiento del nuevo régimen democrático, así como el modo en que fueron construidas las nuevas instituciones democráticas y la manera en que éstas resolverán los conflictos políticos.

En este sentido, analizando otros factores institucionales que pueden influir en la consolidación de una democracia, Lipset sostiene que los sistemas bipartidistas son mejores que los sistemas multipartidistas, que los sistemas electorales mayoritarios son preferibles a los sistemas de representación proporcional y que el federalismo es superior al estado unitario, pero no considera que la forma de Estado, o el sistema electoral sean condiciones determinantes para la consolidación de la democracia ya que si las condiciones sociales subyacentes son de tal naturaleza que facilitan la democracia, (Ej. Suecia), es decir, si existe desarrollo económico, entonces la combinación de multipartidismo, representación proporcional y un estado unitario no se debilitan gravemente.

Al contrario de lo que opina Lipset, Sartori sostiene que el factor más determinante para la consolidación de la democracia es la elección del sistema de gobierno y el sistema electoral. En este sentido Juan Linz y Satori coinciden en que el principal problema para la consolidación de la democracia en América Latina es el sistema presidencial adoptado por la mayoría de estos países. Pero no coinciden en el sistema de gobierno mejor para estos países, Sartori aboga por el Semipresidencialismo, o “presidencialismo alternativo o intermitente” mientras que Juan Linz llega a la conclusión de que el remedio no es –en América Latina- mejorar el presidencialismo sino eliminarlo del todo, y adoptar en su lugar una forma parlamentaria de gobierno. El argumento de Linz se formuló en 1985 y su punto capital es que el presidencialismo probablemente es menos capaz que el parlamentarismo para sostener regímenes democráticos estables, debido a una serie de problemas estructurales: a) el conflicto de legitimidades entre el poder ejecutivo y legislativo, b) la rigidez del sistema que impide introducir ajustes o cambios de gobierno cuando lo requiere la situación política, económica o social, motivada por la elección por un periodo fijo. Un golpe de estado es el equivalente funcional al habitual cambio de gobierno en una democracia parlamentaria y c) el carácter mayoritario y de suma cero de las elecciones presidenciales.

Para demostrar su hipótesis, Lipset, define a la democracia de la siguiente forma: como un sistema político que, de forma regular y constitucional, proporciona oportunidades para cambiar a los gobernantes. Es un mecanismo para resolver el problema de la elaboración de decisiones sociales entre grupos de intereses contrapuestos, que permite que la mayor parte posible de de la población influya en estas decisiones a través de la posibilidad de elegir entre candidatos alternativos para el desempeño de un cargo político.

Otros autores como Diamon y Linz, siguiendo esta definición de la Democracia, establecen tres condiciones esenciales, para que un sistema político pueda definirse como democracia:

a)       Competición significativa y extensiva entre individuos y grupos para todas las posiciones de poder del gobierno.

b)       Un nivel altamente inclusivo de participación política en la selección de líderes y políticas, a través de elecciones libres e imparciales.

c)       Un nivel de libertades civiles y políticas suficiente para asegurar la integridad de la competición política y la participación (libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de organización).

Partiendo de esta definición, Lipset califica a un país como democrático de acuerdo con los siguientes criterios:

A)      En las democracias europeas son la continuidad interrumpida de democracia política desde la primera guerra mundial y la ausencia en los últimos veinticinco años de un movimiento político importante opuesto a las “normas de juego democrático”.

B)      En América Latina, como indica el propio Lipset, utiliza un criterio menos riguroso, el cual consiste en determinar si han tenido un historial de elecciones más o menos libres durante la mayor parte del período comprendido entre el final de la primera guerra mundial y el momento actual.

Respecto a esta concepción minimalista que determina cuando un país es una democracia y cuando no lo es, Lipset está mezclando democracias estables (en Europa) con dictablandas, democraduras, autoritarismos competitivos y democracias delegativas o no estables (en América del Sur). Esta falta de claridad en los criterios que definen a un país como democrático o no democrático, es un problema que otros autores (Morlino, Juan Linz y Alfred Stepan) han intentado resolver con mayor o menor éxito pero que persiste hasta nuestras fechas. Si el punto de partida, no es riguroso, no se puede pretender que las conclusiones del estudio lleguen a serlo.

En cuanto al desarrollo económico, si extraemos los datos actuales de la renta per capita de los 25 primeros países del mundo podemos comprobar que efectivamente la mayoría de los países con mayor renta per capita son democracias estables. No obstante, entre estos países existen otros que no son democracias, Ej. Brunei que es un régimen sultanista, o Singapur que es un autoritarismo competitivo o régimen híbrido, por lo que la teoría de Lipset no explica bien estos casos que se apartan de su modelo teórico.

Nº	País	Datos de 2009
1	Luxemburgo	83.978
2	Macao	58.262
3	Emiratos Árabes Unidos	57.821
4	Noruega	55.672
5	Singapur	50.701
6	Brunei	48.995
7	Estados Unidos	46.436
8	Kuwait	46.079
9	Suiza	44.417
10	Irlanda	41.282
11	Países Bajos	40.715
12	Australia	39.231
13	Hong Kong	43.862
14	Austria	38.749
15	Canadá	37.945
16	Suecia	37.905
17	Islandia	37.602
18	Dinamarca	36.763
19	Reino Unido	36.496
20	Alemania	36.449
21	Bélgica	36.048
22	Francia	34.689
23	Finlandia	34.652
24	Bahrein	34.274
25	España	32.545

                                                  Fuente: Banco Mundial

En cuanto a la educación, Lipset mantiene que los países más democráticos de Europa apenas tienen analfabetos: el índice más bajo de alfabetización es del 96%; mientras que las naciones menos democráticas tienen un índice de alfabetización del 85%. Según Lipset cuanto más elevada es la instrucción es más probable que se crea en valores democráticos y se apoyen prácticas democráticas. Todos los estudios pertinentes indican que la instrucción es un factor mucho más significativo que la renta o la ocupación.

No obstante, el mismo autor reconoce que Alemania y Francia han figurado entre las naciones más instruidas de Europa, pero es evidente que esto, por sí solo, no estabiliza sus democracias.

Finalmente, Lipset concluye que el análisis de los requisitos sociales de la democracia que se hace en este artículo ha procurado identificar algunas de las condiciones estructurales que están vinculadas a este sistema político, aunque evidentemente no todas ni mucho menos. Por desgracia, esta conclusión no justifica la esperanza liberal de que un aumento de la riqueza, del tamaño de la clase media, de la instrucción y de otros factores relacionados, signifique inevitablemente la difusión de la democracia o su estabilización.