viernes, 15 de junio de 2012

México una democracia fallida


1. EVOLUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA EN MÉXICO

Hasta principios del Siglo XX, en EE.UU., el opio y los opiáceos[1] –como la morfina o la heroína[2]- y la cocaína[3] eran usados libremente en medicamentos y prescripciones médicas. En México el láudano[4], la cocaína, los vinos de coca y los cigarrillos de marihuana eran prescritos por los médicos y se podían obtener fácilmente en farmacias y mercados populares.

Sin embargo, a partir del Siglo XX, el Gobierno y la Sociedad estadounidense iniciaron una estrategia de represión como respuesta a los problemas del consumo y el tráfico de drogas.

Así, la Harrison Narcotic Act,  de 1914, impuso controles más estrictos sobre la importación y distribución de opio y opiáceos, y de otras drogas. Prohibió la venta de dosis sustanciales de opiáceos y cocaína, excepto por fabricantes, médicos y farmacias. Dicha ley prohibió el uso no médico.

En consonancia con la política internacional impulsada por los EE.UU., en México, en 1916 se promulgó la primera ley que prohibía traficar con productos opiáceos. En los años veinte surgieron leyes federales que prohibían el cultivo y comercio de marihuana y adormidera.

La difusión de los estereotipos de algunas drogas como malignas y del adicto como figura demoníaca, motivaron una campaña no sólo contra usuarios y traficantes, sino también contra el sector médico. La persecución llegó a los médicos y farmacéuticos especializados, con monopolio para dispensar drogas. Numerosas clínicas fueron cerradas por la División de Estupefacientes de la Prohibition Unit. Un alto número de médicos y farmacéuticos que recetaban opio, morfina y cocaína fueron juzgados y encarcelados.

De esta forma el suministro legal, se convirtió en ilegal.

El 18 de diciembre de 1918, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la decimoctava enmienda constitucional. Dicha enmienda prohibía “La manufactura, venta o el transporte de licores intoxicantes dentro de los Estados Unidos, su importación o su exportación, para propósitos de bebida”

La Ley Volstead de 1919 dictada en desarrollo de la citada enmienda y conocida como la Ley Seca, no impidió, sino todo lo contrario, aumentó el contrabando en gran escala y el ascenso del crimen organizado en Norteamérica. Esto último se dio sobre todo bajo la forma de mafia.

Los altos costos y los bajos logros de la política prohibicionista, la depresión, la desocupación masiva, la necesidad de crear empleos, llevaron a que, en febrero de 1933, el Congreso de los EE.UU., aprobase una enmienda constitucional de rechazo de la prohibición. En 1934, la enmienda 22 es adoptada y las bebidas alcohólicas son legalizadas.

A partir de aquí, las mejores oportunidades del crimen organizado no estarán en el alcohol ni en la prostitución, sino en el juego ilegal y en las drogas.
En México en los años treinta, gobernado en mayoría absoluta por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la producción de marihuana se podía contar ya en toneladas y los supuestos dueños de los cultivos eran sospechosos de estar protegidos por miembros de alto rango de la policía anti-narcóticos. El General José Siurob, Jefe del Departamento de Salud Pública, reconoció en 1937 que los agentes utilizados para la lucha contra los estupefacientes fueron pagados con la droga que se incautaron.

A finales de los años sesenta, el consumo de drogas se había incrementado notablemente entre los jóvenes de clase media de los Estados Unidos. México era, en esos años, un proveedor importante de marihuana y goma de opio para el mercado estadounidense.

Por otro lado, debido a la creciente demanda de cocaína en Estados Unidos, durante los años setenta y ochenta, aparece en Colombia el primer gran cártel: El Cártel de Medellín, seguido de su competidor, el Cártel de Cali. Durante estos veinte años tanto el cártel de Medellín como el de Cali lograron controlar la exportación de cocaína desde los Andes hacia Estados Unidos. Ambos comenzaron sus empresas por vía aérea, importando clandestinamente la "base" o "pasta" (pasta básica) desde el sur de los Andes, especialmente desde la región del Alto de Huallaga en Perú (en donde se originaba 65 por ciento de la producción mundial de coca) y desde la región del Chapare en Bolivia (donde se producía 25 por ciento) hacia Colombia.

En Colombia se refinaba el producto, y era trasladado por vía marítima, utilizando buques de carga o botes rápidos, o por vía aérea a través del Caribe, con destino al sur de la Florida. De allí, a través de redes criminales que emplean automóviles, camionetas o aviones, se distribuye por todos los Estados Unidos. 

Como resultado de su posición dominante dentro del boom del comercio de cocaína, los cárteles colombianos eran incuestionablemente más ricos y poderosos que los grupos criminales de México, los cuales estaban entonces relacionados solamente con la producción y el contrabando de marihuana y heroína hacia el mercado norteamericano. 

En respuesta al flujo de cocaína comercializada a través del Caribe desde Colombia, el presidente Ronald Reagan creó en 1982 el Grupo de Trabajo del Sur de la Florida (South Florida Task Force) y designó al entonces vicepresidente George H. W. Bush a la cabeza del mismo. En un esfuerzo para poner fin al tráfico de cocaína colombiana por el Caribe, este grupo de trabajo tenía como objetivo coordinar - por primera vez - la aplicación de la ley federal y los activos militares en la "Guerra contra las Drogas", declarada por el mismo presidente.

A finales de la década de los ochenta, Estados Unidos redujo considerablemente el  volumen de droga que se movía por la ruta del Caribe desde Colombia a Miami. Esta ruta permitía a los cárteles colombianos exportar cocaína de forma directa a Estados Unidos, sin intermediarios. México pasó así a ser el territorio más importante para el tránsito de drogas hacia Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los países más inseguros del planeta.

Durante la segunda mitad de los noventa, varios grupos mexicanos comenzaron a incursionar en el negocio de la cocaína, primero en Juárez, bajo la dirección de la familia Carrillo Fuentes y luego en Tijuana, con la familia Arellano Félix. Estas familias se involucraron progresivamente en el comercio de cocaína traída de Colombia. 

En la primera mitad de la década de 2000, dos organizaciones traficantes -el cartel de Sinaloa encabezada por Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera y el cartel del Golfo capitaneado por Osiel Cárdenas Guillén se movieron con un éxito considerable contra los cárteles de Juárez y Tijuana, logrando forjar sus propios vínculos con los cárteles colombianos y también con traficantes colombianos en Perú y Bolivia.

Para el año 2003, los cárteles de Sinaloa y el Golfo se transformaron en los actores más dinámicos, poderosos y brutales en el comercio de cocaína mexicana, suplantando exitosamente a los cárteles de Tijuana y Juárez. Pronto, estos dos cárteles se convirtieron en violentos rivales. Se dan nuevas luchas dentro de los grupos establecidos como el de Sinaloa (que vio a la familia Beltrán Leyva independizarse del Chapo) y que han producido una gran fragmentación interna. Las pugnas internas en los cárteles de Sinaloa, Tijuana y Juárez, junto con un complejo conjunto de alianzas cambiantes entre las varias bandas criminales, caracterizan hoy el escenario donde se disputan el monopolio del comercio de droga en México.

Al mismo tiempo, en Octubre de 2002, el batallón 65 de infantería del Ejército de México, compuesto por 600 militares y enclavado en Sinaloa, es desintegrado por su vinculación con el narco y los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Humberto Quirós Hermosillo fueron sentenciados por un consejo de guerra, al hallarlos culpables de mantener relaciones con el tráfico de drogas.

Internacionalmente se ha dicho que México estaba a punto de convertirse en un narco-estado por el complicado tejido creado entre el crimen organizado y los aparatos estatales. El ex alcalde panista de Ciudad Juárez aseguró que el 60% de los municipios mexicanos están infiltrados por el narco.

Luis Astorga, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México señalaba una mesa debate (Razones para debatir. Drogas, cultura y Sociedad", organizado por el Museo Tamayo) que: "Para conocer la relación entre los poderes políticos y las organizaciones de narcotraficantes basta con analizar las rutas del tráfico de drogas en los municipios costeros y fronterizos del país junto con los partidos que gobiernan esas zonas. Si ustedes cruzan Estados productores de droga con las rutas de cocaína y rutas hacia Estados Unidos van a ver Chihuahua, Nuevo León, Coahila y Tamaulipas con gobiernos del PRI, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatan y Quintana Roo, también con el PRI, son dos rutas importantes para el tráfico de cocaína, la del Golfo y la frontera norte. Y la del Pacífico tenemos Nayarit, Zacatecas, Durango, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Baja California con poder compartido por PRI y la alianza PAN-PRD.

Este análisis de fuerzas políticas y rutas de tráfico de drogas puede hacerse a nivel municipal y la información que arroja es que la droga pasa forzosamente por esos lugares y forzosamente se relaciona con las personas que están en posiciones de poder, son los que pueden dar protección, son los que se pueden asociar con los traficantes. La corresponsabilidad está señalada claramente. Por ahí tiene que pasar forzosamente la droga y tiene que pasar por lugares donde están esos partidos y son los que nombran a las policías"

Por su parte, Eduardo Buscaglia, catedrático y asesor de la Organización de las naciones Unidas (ONU), afirmó que los verdaderos líderes del crimen organizado están encumbrados en los ámbitos empresarial y político del país. La infiltración de las organizaciones del narcotráfico a través de sobornos o amenazas, en los gobiernos municipales, ha alcanzado niveles históricos, pues, según un estudio que él encabezó, el 72% de los municipios mexicanos han sido infiltrados por los cárteles de las drogas.

2. EVOLUCIÓN DE LA VIOLENCIA GENERADA POR EL NARCOTRÁFICO

Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal[5], doce de las cincuenta ciudades más violentas están en México: Ciudad Juárez,  Chihuahua, Tepic, Durango, Torreón, Tijuana, Acapulco, Reynosa, Nuevo Laredo, Cuernavaca, Mazatlán y Culiacán.

Antes del año 2007 no existen datos oficiales sobre el número de homicidios producidos en México, existen encuestas más o menos fiables, como por ejemplo la encuesta de victimización y eficacia institucional, que ofrecen estimaciones estadísticas a partir de encuestas, por lo que sus datos conviene manejarlos con precaución. No obstante, tal vez, resulten más fiables que los datos proporcionados por el Gobierno Federal de Felipe Calderón a partir de 2007.

1990
14.520
1999
12.287
1991
15.143
2000
10.788
1992
16.605
2001
10.324
1993
16.056
2002
10.143
1994
15.844
2003
10.139
1995
15.625
2004
9.330
1996
14.508
2005
9.926
1997
12.562
2006
10.454
1998
13.716
2007
8.507

Según la base de datos de homicidios[6] relacionados con la delincuencia organizada publicada por la Presidencia de la República de México los datos de 2007 a 2010 son los siguientes:

Año
Nº de Homicidios
2007
2.826
2008
6.837
2009
9.614
2010
15.273

Por su parte según datos de la Procaduría General de la República[7] de México en 2011 (hasta septiembre) se registraron 12.903 asesinatos relacionados con la delincuencia organizada.

Como puede observarse entre 1990 y 2007 el número de homicidios había disminuido sistemáticamente, año tras año, sin embargo, a partir de 2008 se rompe con la tendencia a la baja, volviendo a tasas de 1990 a partir de 2010.

En total, desde 2007 a 2011, según datos oficiales, han muerto en México 47.453 personas a consecuencia de la violencia que ocasiona el crimen organizado. Al final de sexenio el número de muertos llegarán a las cincuenta mil personas, sin contar los desaparecidos. Es un número superior a la cantidad de bajas que tuvo Estado Unidos en la guerra de Vietnam.

Pero además, la violencia relacionada con el narcotráfico, es una violencia extrema, es decir, nos les basta con matar, como señala la antropóloga Rossana Reguillo, “hay que mutilar, decapitar, desmembrar, cortar, volver el cuerpo a la nada para lograr un efectismo multiplicado por los medios de comunicación y así mandar constantes mensajes al estado, a las fuerzas de seguridad y a los competidores”.

Estos datos, permiten hablar de guerra en México contra el narcotráfico. Pero  según el Informe Mundial de Drogas de 2011 elaborado por la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas[8] (UNODC), el cultivo y el consumo de opiáceos y de cocaína en 2010 se mantuvieron estables. Hay 250 millones de consumidores de drogas en el mundo. El mayor mercado de la cocaína sigue siendo los Estados Unidos, con un consumo calculado de 157 toneladas, es decir, el 36% del consumo mundial. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de Estupefacientes, las drogas ilícitas constituyen actualmente la tercera industria más rentable del mundo, después de la industria alimenticia y el petróleo, con un valor estimado en $450 billones anuales, completamente bajo el control de criminales.

Por tanto, si de los datos extraídos, el cultivo, tráfico y consumo de drogas, se han mantenido estables, y sin embargo, la violencia asociada al mismo, y la corrupción de autoridades, se han incrementado se puede hablar de guerra perdida.


3. ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS POLÍTICAS CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN MÉXICO

Durante la “dictadura perfecta” del Partido Revolucionario Institucional (1929-2000) gobierno y crimen organizado mantuvieron una relación simbiótica basada en un pacto de no agresión. El pacto fue posible por la centralización política que imperaba en aquel periodo, en el que el gobierno federal o los gobernadores podían garantizar el cumplimiento de acuerdos con los criminales. Al acuerdo llegaban por las buenas, pagando la campaña electoral; o por la fuerza, los narcos ofrecían a las autoridades la disyuntiva de que si aceptan sus condiciones tendrían “Plata” y si no tendrían “Plomo”. En consecuencia, los homicidios bajaban espectacularmente cuando un solo grupo criminal como Sinaloa se consolidaba en un territorio. Pero esta disminución de homicidios se producía porque no había competencia entre ellos, lo cual no significaba que los grupos criminales no hubieran capturado al Estado.

Luis Astorga sostiene que como partido en el poder, el PRI sirvió como un árbitro entre los “cárteles” de la droga, regulando, controlando y conteniendo el narcotráfico, al mismo tiempo que protegía a grupos de narcotraficantes y mediaba en conflictos entre ellos. Tal como un ex alto funcionario del PRI lo declaró al Washington Post, “Antaño había reglas. Decíamos, ‘No puedes matar a la policía, te enviaremos el ejército’. Decíamos, ‘No puedes robar 30 Jeep Cherokees al mes; sólo puedes robar cinco’”. En definitiva, haced vuestro negocio pero “no me toquéis la plaza”.

En la medida en que el PRI empezó a perder su poder político, culminando en las elecciones presidenciales de 2000, esta estructura de control se debilitó, dando como resultado una menor capacidad para controlar a los cárteles. Frente a ello, “los traficantes recurrieron a la violencia para hacer cumplir sus acuerdos con las autoridades, ajustar cuentas a organizaciones de la competencia, e intimidar o tomar venganza contra las fuerzas del orden”

Pero es en 2008, con el Presidente Felipe Calderón, cuando se produce un cambio radical en la política contra el crimen organizado, pasando del pacto de no agresión a la declaración abierta de guerra a través de una ofensiva militar que no tiene precedentes.

En 2008 los presidentes Felipe Calderón y George Bush firmaron el tratado internacional denominado la “Iniciativa Mérida[9]”, para combatir el narcotráfico y el crimen organizado y luchar contra ellos. A partir de este momento Felipe Calderón inició una rápida y masiva respuesta a la violencia relacionada con las drogas que afectaba al país, desplegando más de 6.500 soldados y agentes de la policía federal a Michoacán, seguido por operaciones en varios otros estados afectados por el narcotráfico y la violencia. Actualmente, más de 50.000 soldados están asignados a operativos de gran escala contra el narcotráfico en todo México.

Según Calderón claudicar en los operativos contra los narcotraficantes, en los que participan decenas de miles de militares y policías federales, no es una opción. "La única manera de terminar verdaderamente con este cáncer es perseverar en la estrategia". "Esta lucha tiene que seguir (...) Por muy difícil que parezca la lucha, ténganlo por seguro, vamos a vencer a esos criminales". Afirmó que de no haberse enfrentado a los cárteles, estos "controlarían decisiones y recursos del Estado y de la sociedad, eso hubiera significado simple y llanamente perder al país". "De no haber hecho nada, en lugar de la utópica tranquilidad que algunos imaginan, el país estaría totalmente dominado por los cárteles, el crimen habría crecido hasta ser inoperantes las instituciones del Estado y ponerlas a su servicio". Y culpó a anteriores administraciones "del error de apoyar, tolerar y no tocar al crimen dio como resultado el escenario que hoy enfrentamos.

El panorama que el presidente Calderón trazó era espeluznante. Los cárteles se habían infiltrado como una hidra en todos los organismos del Estado y los sofocaban, corrompían, paralizaban o los ponían a su servicio. Contaban para ello con una formidable maquinaria económica, que les permitía pagar a funcionarios, policías y políticos mejores salarios que la administración pública.

La mayoría de la población aceptó este discurso. En un principio, esta política logró una amplia aprobación pública. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, han crecido significativamente el número de ejecuciones y se ha incrementado la presencia y el peso de las organizaciones criminales en varias regiones del país y en las más diferentes actividades, se han multiplicado las críticas al ejercito y ha ido cayendo la aprobación pública. En una reciente encuesta realizada por BGC Excélsior[10], al evaluar la gestión del Presidente Calderón, para un 42% de los encuestados la lucha contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón constituye el principal acierto de su gestión, mientras que para un 23% constituye su mayor error.

Asociaciones, como Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad[11] critican que la política de militarización del conflicto no haya ido acompañada de una política de fortalecimiento de la seguridad pública y de la justicia y que la consecuencia es que se ha generalizado la violencia y se hayan extendido otras formas de violencia graves como los homicidios, el secuestro y la extorsión. Simplemente basta analizar el número de muertes generadas por estas políticas en cinco años de aplicación (2007-2011): 47.453 muertes relacionadas con el combate del narcotráfico. Es evidente que el precio pagado por la sociedad mexicana es desproporcionadamente mayor a los beneficios obtenidos en esta guerra contra los cárteles de la droga.

En el informe de Human Rights Watch de 2011 titulado “Ni seguridad, ni derechos[12]” se demuestra que las fuerzas de seguridad mexicanas han participado en 170 casos de torturas, 39 desapariciones documentadas y 24 ejecuciones extrajudiciales.

Un incidente que nos muestra los riesgos que conlleva que los militares realicen el trabajo de la policía, fue el sucedido el 1 de junio del 2007, cuando la familia Esparza estaba a bordo de su camioneta pickup transitando la comunidad La Joya de los Martínez, en el estado de Sinaloa, cuando atravesaron un reten militar sin detenerse. Soldados del 24 Regimiento de la Caballería Motorizada abrieron fuego sobre el vehículo, matando a dos mujeres y tres niños. Los sobrevivientes de la familia Esparza afirmaron no haber visto el reten militar y dijeron que los soldados se rehusaron a ayudar a los heridos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos estableció que ninguna de las personas que murieron o fueron heridas había disparado arma de fuego alguna.

Todo ello, hace que la sociedad mexicana se cuestione si la política del Presidente Calderón debería ser replanteada. En este sentido, el candidato a la presidencia de la República mexicana por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Andres Manuel López Obrador, mantiene que la guerra de calderón ha sido un fracaso y que la mejor manera de combatir el narcotráfico es, por un lado siendo implacable contra la corrupción, y por otro lado, generando mejores condiciones de vida y fuentes de empleo para que los jóvenes no caigan en la tentación de buscar el dinero por vías ilegales al no tener otros alternativas a su alcance.[13]




4. LEGALIZACIÓN DE LAS DROGAS. ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA

En un artículo publicado en el diario El País, titulado “El otro Estado[14]”, Mario Vargas Llosa escribió: “es absurdo declarar una guerra que los cárteles de la droga ya ganaron”. Llegaron para quedarse. Están mejor armados que la policía y el ejército, tienen cuadros jóvenes capacitados para relevar a los grandes capos que caigan presos o en combate, manejan cuantiosos recursos financieros, exhiben una asombrosa capacidad de adaptación, poseen tecnología avanzada, saben sortear obstáculos y sobreponerse a cualquier revés, y operan como “las más desarrolladas transnacionales del mundo”.

En dicho artículo Vargas Llosa se pregunta: “¿Estamos condenados a vivir, más tarde o más temprano, con narco-Estados como el que ha querido impedir el presidente Felipe Calderón?” ¿Se diría que no hay solución? “La hay. Consiste en descriminalizar el consumo de drogas mediante un acuerdo de países consumidores y países productores, tal como vienen sosteniendo The Economist y buen número de juristas, profesores, sociólogos y científicos en muchos países sin ser escuchados”.

En el contexto de México, la legalización se plantea como una alternativa de solución, sin embargo, por sí misma genera posturas encontradas en la sociedad. Los argumentos a favor de la legalización circulan amplia e inteligentemente por el mundo.

Hay argumentos de principios que van del alegato liberal clásico, según el cual el hombre es soberano de su cuerpo y el Estado no puede obligarlo a evitar una conducta que lo dañe mientras esa conducta no perjudique a terceros (John Stuart Mill), hasta el argumento económico clásico, según el cual la represión de la demanda crea mercados paralelos y precios artificiales que otorgan por la vía del crimen lo que la sociedad prohíbe con la ley (Milton Friedman).

Según The Economist los beneficios de la prohibición son modestos comparados con sus costes que “caen de manera desproporcionada sobre países pobres y sobre la gente pobre de los países ricos”. México ha pagado en violencia, corrupción, inseguridad y desarticulación institucional, costes superiores a los que el consumo de las drogas legalizadas hubiera provocado en su salud, su economía, su seguridad o su equilibrio social.

La prohibición es lo que hace que un kilo de mariguana en México valga 80 dólares, mientras ese mismo kilo vale 2.000 dólares en California; que un kilo de cocaína valga en una ciudad fronteriza mexicana 12.500 y 26.500 en la vecina ciudad estadounidense; que un kilo de heroína valga en México 35.000 dólares y 71.000 en Estados Unidos.

La mariguana representa el porcentaje mayor del comercio ilegal de drogas. Llamar a la mariguana droga es una licencia del lenguaje, pues su toxicidad es comprobadamente baja, por lo menos más baja que la del alcohol. Para los partidarios de la legalización, no puede darse el mismo trato legal a drogas suaves como la mariguana, a drogas duras como la cocaína y la morfina, y a siniestros derivados de las drogas duras como el crack[15] o el crystal meth[16]. Regular implica separar los mercados de drogas y proteger a los consumidores permitiéndoles consumir con acceso a buena información sobre los riesgos.

Los beneficios que se obtendrían con la legalización serían:

-          Reduciría los beneficios del crimen organizado, no sólo del tráfico de drogas, sino también del tráfico de armas, del lavado de dinero y muchos otros negocios anexos, como las cárceles privadas.
-          Reduciría la corrupción y la violencia.
-          Reduciría la inestabilidad política de los países productores y de paso.
-          Reduciría el tamaño de la población reclusa no violenta.
-          Liberaría una enorme cantidad de recursos públicos hoy destinados a la persecución para poder destinarlos a educación y sanidad.
-          Garantizaría, como sucede con el alcohol, la calidad industrial o química de los estupefacientes.

Los posibles perjuicios de la legalización se pueden sintetizar como sigue:

-          ¿Qué hará el crimen organizado cuando pierda sus ganancias? Cuando se legalizó el alcohol se dedicaron al juego ilegal y a las drogas ¿Se dedicarán a otros delitos como el secuestro y la extorsión?
-          ¿Un mercado legal no daría lugar a un mercado negro no regulado? Seguramente sí. Pero los volúmenes, los márgenes de ganancia y la cantidad de personas involucradas en el crimen organizado serían mucho menores.
-          Lo que no resuelve la legalización es la existencia de usuarios de consumo problemático o adictivo. El consumo de ciertas drogas, incluyendo el alcohol, generan cierto tipo de crímenes, violentos o imprudentes.
-          Finalmente, está la preocupación del efecto que la oferta legal podría tener sobre los jóvenes. Se empieza probando la marihuana y se acaba fumando crack.

La postura de Felipe Calderón, es clara y rechaza la propuesta del ex dirigente Vicente Fox (2000-2006) de legalizar las drogas. El argumento de Calderón es que teme que la medida incremente el consumo entre los jóvenes del país.

"Yo no estoy de acuerdo con la legalización. No estoy de acuerdo porque si uno analiza, uno debe poner en la balanza ese debate, las ventajas y las desventajas de una medida como ésa".

El mandatario explicó que, a pesar de que la legalización del comercio de drogas contribuiría a rebajar los índices de violencia del país, esta decisión podría alentar también su consumo entre los jóvenes, pasando de un problema de seguridad nacional a uno de salud pública. Las declaraciones de Calderón son una respuesta al plan para la legalización de las drogas presentado por su predecesor en la presidencia, Vicente Fox[17], quien propuso un plan para legalizar la producción, venta y distribución de drogas como forma de acabar con la violencia asociada al narcotráfico.

Por otra parte, los políticos estadounidenses más que preguntarse cuáles son los beneficios y perjuicios de la legalización, lo que se plantean es ¿Qué países saldrían beneficiados y qué países saldrían perjudicados si se legalizara la producción, venta y consumo de drogas? La respuesta es sencilla, los grandes beneficiados serían los países productores y de paso: Bolivia, Colombia, Perú, México, Afganistán, Pakistán…, cuyos Estados obtendrían una fuente enorme de ingresos derivados del mercado legal de las drogas; y los grandes perjudicados, los grandes consumidores: Estados Unidos y Europa, que deberían responder políticamente ante un problema sanitario hasta entonces oculto y penalizado, sin contar con la pérdida de beneficios que reporta a Estados Unidos el lavado de dinero del narcotráfico en sus bancos, así como los ingresos derivados del tráfico de armas.

Los mexicanos suelen decir: “Nosotros ponemos los muertos y ellos ponen los consumidores”. Para corroborar esta afirmación, basta con observar un dato: En 2010 en la ciudad estadounidense del Paso hubo 5 homicidios, mientras que al otro lado del río Bravo, en Ciudad Juárez hubo 3.000 homicidios. La periodista Sandra Rodríguez Nieto[18], denuncia la impunidad de la que gozan los asesinos en Ciudad Juárez: entre 2008 y 2010 fueron asesinadas 7.000 personas y en sólo 200 casos se presentaron pruebas contra sospechosos.

5. DAÑOS COLATERALES EN LA GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Siempre se ha dicho que en la guerra la primera víctima es la verdad, la mentira es un arma y que el trabajo de reportero de guerra es un trabajo peligroso. En la guerra contra el narcotráfico no podía ser una excepción. Según el Comité para la Protección de los Periodistas[19] (CPJ), la prensa mexicana está aterrorizada, los narcotraficantes utilizan los asesinatos, los secuestros y las amenazas para censurar a la prensa y extorsionan a periodistas corruptos para conseguir una cobertura noticiosa favorable o para atacar a sus enemigos. Entre 2000 y mayo de 2012 son 60 los periodistas asesinados[20]

“Todo está corrupto, policías, periodistas, socorristas. Todo. No hay donde acudir.” Afirma un reportero del Diario de Ciudad Juárez, quien describe cómo desarrolla su trabajo: “No acudir solos a los hechos, ni vestir el uniforme del periódico para el que se trabaja. Tomar fotos de lejos, video sin sangre y, de ser posible, sin rostros ni cuerpo. Esperar a los miembros del ejército mexicano varias cuadras antes de la escena del crimen. En suma: postrarse, hacer malabares o de plano dejar de reportear, guardar silencio, frente al narco y su presencia criminal.” “Los reporteros de esta región no sólo no publican, sino que tienen prohibido pasar información a otros medios de otras ciudades.”

A mediados de 2008, un periodista de la sección policíaca de un diario escribió una nota de seguimiento sobre un posible caso de pacto entre jefes de la Policía Estatal y los narcos. Ya le habían enviado mensajes de advertencia, así que optó por no firmar la nota. Al otro día apareció publicada con la leyenda “Redacción”, en lugar del nombre del reportero. Días después en un operativo se topó con un comandante, éste le dijo “ya supimos que fuiste tú el que escribió la nota, el jefe está encabronado”. Y lo amenazó. Al poco tiempo ese comandante fue asesinado, pero el miedo de ese periodista no murió. Alguien, no se sabe quién, del interior del periódico, filtró que él había sido el autor de aquel texto.

Hasta la fecha el último reportero asesinado Marcos Antonio Ávila fue encontrado el viernes 21 de mayo de 2012, con huellas de tortura en Sonora, al norte del país. Ávila, de 39 años de edad, cubría temas relacionados con el narcotráfico. La policía halló el cadáver del comunicador envuelto en una bolsa de plástico negro con un mensaje (no revelado).

El sábado 12 de mayo se produjo un ataque a balazos y granadas por parte de un comando armado a las instalaciones del periódico El Mañana de Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Anteriormente, el día 3 se encontraron los cuerpos (también con evidencias de tortura) de los reporteros Guillermo Luna, Gabriel Huge y Esteban Rodríguez en Veracruz. Unos días antes, el 28 de abril fue asesinada en su domicilio, en Veracruz, la periodista del semanario Proceso, Regina Martínez.

Organizaciones internacionales señalan a México como uno de los países más peligrosos para el ejercicio de esta profesión. En el ranking de países más peligrosos para ejercer el periodismo México ocupa el segundo lugar tras Irak.

6. ESTRATEGIA DE LOS EE.UU., EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

El problema de violencia en México es su situación geográfica. México es la puerta al mayor consumidor de drogas del mundo y principal proveedor de armas a los narcotraficantes. Así de rotundo se mostró el Presidente de México Felipe Calderón que ubicó en el centro del problema de inseguridad el hecho de que “vivamos al lado del mayor consumidor de drogas del mundo y que todos quieran venderle droga a través de nuestra puerta o nuestra ventana y que, además, el amigo mismo le venda armas a todos los criminales. Este es el meollo y el problema de lo que estamos viviendo[21]”.

El Presidente Calderón sostuvo que “los EE.UU. son solidariamente responsables por lo que nos está ocurriendo… en esta responsabilidad conjunta, el gobierno estadounidense tiene mucho por hacer. No podemos enfrontar este problema solos”.[22] El Presidente y los integrantes de su Administración han mantenido esta postura con los Estados Unidos, convocando continuamente al gobierno de ese país a hacer más por combatir el narcotráfico, contener la demanda de drogas por parte de los EE.UU. y mejorar el control sobre la venta de armas que facilita su tráfico desde los EE.UU. hacia México. Calderón enfatizó especialmente que los Estados Unidos también deben poner su parte, declarando: “Estoy apelando a mi vecino para actuar de manera coordinada, porque se trata de una situación que ambos debemos encarar. Es un problema que afecta a los dos países, y sólo unidos podremos resolverlo”

Además de invocar a los Estados Unidos a hacer más por abordar el problema del consumo de drogas en ese país, México ha urgido a los estadounidenses a tomar duras medidas respecto a la venta de armas que alimentan el tráfico ilegal de éstas hacia México. Las autoridades mexicanas estiman que más del 90% de las armas que confiscan han sido originalmente adquiridas en los Estados Unidos[23]. En Estados Unidos existen cerca de 12.000 establecimientos dedicados a la venta legal de armas, de los cuales 6.700 están en la frontera con México.

El tráfico de armas es uno de los negocios más rentables del mundo después del narcotráfico. Tiene un valor de más de 30 mil millones de dólares al año en los Estados Unidos y ocupa el segundo lugar en ingresos después del tráfico de droga.

El director de la unidad especializada contra el Terrorismo y Tráfico de Armas, Ricardo Cabrera señalaba que: “Colindamos con el mercado de armas más grande del mundo. Si a esto se suma la porosidad de una frontera de 3.152 kilómetros en la que sólo existen 19 puntos de paso formales, puede entenderse por qué el tráfico de pertrechos[24] es, junto al tráfico de drogas y personas, nuestro problema mayor”.

“Muchos residentes de origen mexicano intermedian en la compra. Las fuentes de rastreo señalan que los narcotraficantes les pagan 50 dólares por cada arma. En las ferias  llamadas Gun Shows, no se exige ningún requisito a los ciudadanos deseosos de adquirirlas. Cualquiera puede comprar lo que sea, en la cantidad que sea. Existen miles de distribuidores no establecidos que compran armas para revenderlas en sus casas y no están obligados a llevar registro alguno de sus transacciones comerciales.  El problema mayor es la legislación: Estados Unidos no quiere legislar la compra de armas, y mientras no lo haga no habrá manera de cerrarle al narcotráfico sus fuentes principales de abastecimiento”.

A mediados de 2008, la base de datos conocida como E-Trace, que puede seguir el rastro de las armas a partir de sus datos de identificación, condujo a las autoridades hasta el domicilio de un policía de Texas, Ramón Martínez. Había comprado de manera legal cientos de armas que luego fueron utilizadas por el cartel del Golfo. Martínez se declaró culpable ante un tribunal federal de haber colaborado con esa organización, y de “vender armas que iban a parar a México”.

Por otro lado, para la alegría de miles de bancos en EE.UU., los esfuerzos por atacar las finanzas de los grupos criminales mexicanos simplemente no están funcionando debido a la resistencia de EE.UU. Raymond Baker, director de Global Financial Integrity (GFI), afirmó que Washington no está ayudando a México a combatir el blanqueo de activos provenientes del narco. Ni hace demasiado por identificar las cuentas bancarias ligadas al contrabando.

Efectivamente, una investigación del diario The Observer[25], demostró cómo, los cárteles de la droga mexicanos lavaron miles de millones de dólares desde 2004 en el banco Wachovia, uno de los principales bancos de los EE.UU. Este banco permitió depósitos de  casas de cambio mexicanas por un importe de 378.000 Millones de dólares (cifra que representa 1/3 del PIB Mexicano)  en cuatro años sin aplicar las debidas medidas para evitar el lavado de dinero. Los depósitos permitían, por ejemplo, que el cartel de Sinaloa comprara aviones para traficar drogas, o crear empresas legales en México y otros países que financian las campañas electorales de los partidos mexicanos. Tras la investigación, Wachovia pagó una multa de 100 millones de dólares a las autoridades estadounidenses, lo cual supone menos del 2% de los beneficios obtenidos. Nadie ha sido juzgado por este caso.

Se calcula que, a nivel mundial, el blanqueo de dinero representa entre el 2% y el 5% del PIB mundial, es decir, entre 800.000 millones y 2 billones de dólares[26]. En concreto, el tráfico de drogas genera cada año alrededor de 85.000 millones de dólares que después hay que blanquear.

Según informe del diario The New York Time[27] la agencia antidroga norteamericana ha permitido conscientemente el lavado de millones de dólares procedentes del narcotráfico mexicano, con la intención de comprobar cómo funcionan en Estados Unidos las redes financieras de los cárteles.

Desde el otro lado de la frontera, el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, señaló que “mientras la demanda de drogas desde su país no se reduzca, la violencia asociada al narcotráfico continuará en México[28]”, reiteró su oposición a la despenalización del consumo de drogas y aclaró que su estrategia se centra en destinar más recursos a programas de prevención y tratamiento. 

Tras finalizar la Cumbre de Líderes de América del Norte (febrero de 2012), donde participaron el presidente Felipe Calderón y el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, Obama dijo que la región debe actuar como bloque frente al narcotráfico. “El poder de los cárteles del narcotráfico se está extendiendo a un espacio más y más grande, en donde ellos tienen control sobre sectores de la economía; si logran minar las instituciones de esos países, eso afectará a nuestros negocios en esos países y podría tener un efecto en cadena hacia nuestros nacionales... podría deteriorar en general la naturaleza de nuestra relación” “el gobierno mexicano ha tomado esto con gran seriedad, con un gran costo para sí mismo. Tenemos la obligación de tomar la justicia en serio y en parte porque somos el destino último de gran parte de este mercado de drogas”.

Posteriormente, en la VI Cumbre de las Américas que se celebra los días 14 y 15 de abril de 2012 en Cartagena de Indas, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha reconocido que su país «tiene que ser parte de la solución» a la violencia que azota América Latina a causa del tráfico ilegal de drogas. El presidente cree que al ser Estados Unidos «un gran mercado» para los narcotraficantes tiene que colaborar para acabar con esta lacra. «Estados Unidos reconoce que tiene responsabilidades. No es un problema sólo de México, Guatemala o Colombia. Estados Unidos es parte del problema y tiene que ser parte de la solución también». Obama ha explicado que «invertimos miles de millones de dólares en salud pública, tratando de incrementar los programas de entrenamiento, prevención y recuperación y educación para reducir la gran demanda», por lo que se ha mantenido en su apuesta de reducir la demanda de drogas en Estados Unidos para favorecer la desaparición de los narcotraficantes.

Así pues, tras analizar las recientes declaraciones de los máximos dirigentes de Estados Unidos y México, quien tuviera alguna esperanza en la legalización del consumo de drogas como solución a los problemas de violencia en México ya puede darla por perdida. La Política que se va a seguir es clara: México seguirá luchando contra el narcotráfico utilizando todos los medios que tenga a su disposición, incluido el ejército, debiendo mejorar su actuación en el ámbito judicial y fiscal a requerimiento de la administración Obama; y EE.UU., acepta que es co-responsable de la situación de violencia en México y por tanto prestará el apoyo económico que precise el país vecino para seguir luchando contra el narcotráfico en el marco de la Iniciativa Mérida, y en el ámbito interno seguirán invirtiendo millones de dolores en políticas que intenten reducir la demanda en el consumo de drogas.

Estados Unidos no está dispuesto a poner fin a los ingentes ingresos que le reporta el tráfico de armas, el lavado de dinero en sus bancos y los derivados de un nuevo negocio en apogeo en Estados Unidos: el de las cárceles privadas[29]. En EE.UU. cada año entran y salen de sus cárceles 10 millones de personas. Los internos tienen la obligación de trabajar y cualquier empresario puede contratar presos como mano de obra barata. Este singular mercado de las cárceles privadas reporta a sus accionistas suculentos dividendos. The GEO Group. Inc., Corrections Corporation Of America y Management & Training Corporation son dueñas de más de 200 prisiones en Estados Unidos. Prisiones privadas que funcionan como hoteles, cuantos más ocupantes entren, más ingresos se obtienen: cada preso reporta a la cárcel unos ingresos de 200 dólares diarios, 6.000 mensuales o 72.000 anuales. En total al año obtienen unas ganancias de 5 Billones de dólares[30]. ¿Quiénes son los principales usuarios de estos peculiares hoteles? No hace falta buscar información para responder a esta pregunta: inmigrantes ilegales y pequeños traficantes de droga. Cuando el presidente de los Estados Unidos George W. Bush prometió mano dura contra el narcotráfico, las cotizaciones en bolsa de las empresas indicadas se dispararon.

En consecuencia, a pesar de que la Comisión Global de Políticas de Drogas, liderada por cuatro ex-presidentes, por Kofi Annan y otros líderes mundiales, presentaron un informe[31] en el que se señalaba que:la guerra global contra las drogas ha fracasado”, y que “Las políticas de prohibición crean más daños de los que previenen”, y recomiendan “un enfoque basado en la salud”, los políticos de los Estados Unidos se paralizan ante el salto al vacío que supone abandonar la política actual de enfrentamiento armado para aventurarse en alternativas inciertas. Es decir, aceptan que la guerra contra las drogas no funciona pero prefieren tolerar sus fracasos, antes que probar alternativas.

7. SITUACIÓN ACTUAL. UNA PERSPECTIVA DE FUTURO. MÉXICO AL BORDE DEL COLAPSO.

En 1990 Mario Vargas Llosa esbozó el siguiente retrato: “México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, ni la Unión Soviética, ni Fidel Castro, es México”. Se refería, por supuesto, al sistema político del PRI, un partido inamovible, con una retórica que provenía de la izquierda, que reclutaba a muchas de las mentes más brillantes y encima de todo concedía un espacio para cierta especie de crítica, aunque no para aquella que ponía en riesgo su permanencia. El mismo Octavio Paz, llamó a la precisión: no se podía hablar de dictadura sino de un sistema hegemónico de dominación.

Más tarde (Monterrey, octubre de 2007), matizó que: México había dejado de ser una dictadura perfecta y ahora transitaba por la ruta de la democracia imperfecta: “Soy optimista con México. Creo que está en una buena dirección, con problemas enormes, con una necesidad de muchas reformas, pero ha salido de un sistema que era dictatorial” México, declaró, había pasado de “la dictadura perfecta a la democracia difícil”.

Para la adecuada calificación del régimen político mexicano es necesario precisar, en primer lugar, que una dictadura, no es un régimen político, es un gobierno interino surgido de una crisis y que suele acabar en el establecimiento de un régimen totalitario o autoritario. En segundo lugar, un sistema de partido hegemónico tampoco es un régimen político, sino un tipo de sistema de partido, que suele asociarse a regímenes totalitarios o autoritarios, al igual que el bipartidismo o pluralismo político se asocia a regímenes democráticos. En tercer lugar, calificar a México como un estado fallido es absurdo. Un estado fallido es un enclave de poder ilimitado sin ningún tipo de legitimidad donde el poder del Estado se ha derrumbado. Aquí no tratamos con Estados, regímenes o sistemas políticos sino con algo distinto; ejemplo: Liberia, Sierra Leona, Rwanda. Y en cuarto lugar, según Diamon, Linz y Lipset la democracia es un sistema de gobierno que reúne tres condiciones esenciales:

a)       Competición significativa y extensiva entre individuos y grupos para todas las posiciones de poder del gobierno.
b)      Un nivel altamente inclusivo de participación política en la selección de líderes y políticas, a través de elecciones libres e imparciales.
c)       Un nivel de libertades civiles y políticas suficiente para asegurar la integridad de la competición política y la participación (libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de organización).

Por ello, hasta el año 2000, el régimen político mexicano podría definirse como un régimen autoritario seudo-competitivo[32], con un sistema de partido hegemónico, tal y como lo define Giovani Sartoi, esto es, un régimen donde la competición partidista es tan restringida que no se dan los requisitos para hablar de una auténtica democracia, con un sistema de partidos que permite la existencia de otros, pero como partidos subalternos, que no amenazan su posición hegemónica.

Sin embargo, a partir de 1989, cuando el partido del PRI perdió la hegemonía en el Estado de Baja California ante el Candidato del PAN, y luego la mayoría absoluta de la Cámara de los Diputados en 1997, ante el mismo partido y posteriormente las elecciones federales de 2000, se pude decir, que México inicia una transición hacia una democracia electoral o tal y como O’Donnell ha llamado: “democracia delegativa”, que son un punto intermedio entre un régimen autoritario competitivo y las democracias consolidadas. Se trata de una democracia a todos los efectos pero en vías de consolidación, en transición. O’Donnel les llama democracias delegativas porque reflejan la frágil naturaleza del Presidencialismo de América Latina (México, Brasil, Argentina o Perú). Aquél que gana una elección presidencial aparece autorizado (mediante la delegación electoral) para gobernar el país como le parezca conveniente. Los presidentes se presentan “por encima” de los partidos y los intereses privados, se aíslan del resto de las instituciones políticas y se convierte en los únicos responsables de “sus” políticas. Son una interpretación populista de la democracia.

Una democracia débil, en transición como la mexicana, precisa de incentivos para no colapsar, precisa de una serie de factores o condiciones estructurales que refuercen su mantenimiento. En este sentido según Barrington Moore el crecimiento de la clase media, el incremento en el bienestar material de los sectores menos favorecidos y el relativo predominio de una burguesía comercial e industrial suponen unas bases sociales más adecuadas para la consolidación de la democracia.

En un estudio realizado por Clara Jusidman, donde se analiza el grado de desigualdad entre las clases sociales mexicanas se señala que mientras un Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial tiene un salario mensual de 31.000 dólares, un trabajador que percibe el salario mínimo cobra 138 dólares. En comparación, en España un Magistrado del Tribunal Supremo percibe un sueldo mensual, al cambio, de unos 13.200 dólares, siendo el salario mínimo en España unos 847 dólares, al cambio. Pero, además, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en México, el número de personas en situación de pobreza subió de 48.8 millones a 52 millones entre 2008 y 2010, lo que significa que el 46.2% de la población se encuentra en esa situación. Por su parte la pobreza extrema[33] se mantiene en 11.7 millones de personas.
Junto con el problema de seguridad nacional que implica el narcotráfico, estos datos nos señalan el gran problema social al que debe enfrentarse la débil democracia Mexicana. Hay que tener en cuenta que, si bien la pobreza por sí sola no justifica la existencia de la violencia, la base social de apoyo a los narcotraficantes está en los expulsados del sistema, los jóvenes de familias desestructuradas que no tienen acceso a la educación ni al trabajo, que no conocen lo que es el afecto familiar, que sueñan con tener entre sus manos un arma para ser respetados por los compañeros del colegio, son presas fácil del crimen organizado, que les ofrece la seducción de la vida fácil, integrarse en un grupo temido y respetado de delincuentes impunes. Según Clara Jusidman: “Desde los 70, los ingresos de las familias dependen cada vez menos del trabajo formal y de la actividad empresarial regulada y registrada, y cada vez más de actividades informales, la migración y el ejercicio de prácticas ilegales y criminales[34]”.

La narco.cultura se impone a la cultura del esfuerzo si este no es premiado y el crimen organizado resulta impune al castigo.

Edgardo Buscaglia explicó que “en las zonas rojas, es decir, donde hay mayor nivel de violencia, los menores entre doce y diecisiete años consideran que los capos y los grupos criminales son una alternativa de vida viable y tentadora. Sus ídolos llegan a ser personajes como El Chapo Guzman, El Mayo Zambada”. En la medida en que estos jóvenes no dispongan de alternativas de vida, educación, empleos con salarios que les permitan llevar una vida digna seguirán deslizándose hacia el crimen organizado.

Pero el régimen político de México se muestra incapaz de dar respuesta a esta tragedia social como consecuencia del clasismo decimonónico y de una corrupción endémica insertada en la clase política, más preocupada por su bienestar personal que por dar respuesta a los problemas de la sociedad mexicana. Se estima que en México el crimen organizado inyecta, anualmente, aproximadamente 80 mil millones de pesos (unos 5 mil millones de euros) a las arcas de los políticos mexicanos para financiar sus actividades políticas[35]. Esta situación de corrupción generalizada que impide la existencia de un gobierno eficaz capaz de resolver los problemas de la sociedad genera una pérdida de legitimidad del régimen democrático mexicano, es decir, una pérdida de creencia en la validez del orden legal e institucional para resolver los problemas de la sociedad, que puede llevar a una democracia no consolidada como la mexicana al colapso y por tanto a una democracia fallida.

El próximo 1 de Julio habrá nuevas elecciones en México y en un vídeo titulado “niños incómodos[36]” elaborado por el movimiento social “Nuestro México del Futuro[37]”, una niña pregunta a la clase política: ¿Sólo van a ir por la silla? o ¿van a cambiar el futuro de nuestro país?
Viendo las últimas encuestas, parece claro que el exgobernador del Estado de México y candidato por el PRI Peña nieto será el próximo presidente de México, y escuchando sus declaraciones[38] el futuro de este gran país no se presenta muy halagüeño.


[1] Se refiere a los alcaloides presentes en el opio, un extracto de la exudación lechosa y blanca obtenida de la incisión de la cápsula de la amapola o adormidera (Papaver somniferum L.). También se ha utilizado tradicionalmente para referirse a los derivados naturales y semi-sintéticos de la morfina
[2] La heroína es un derivado de la morfina
[3] La cocaína es un alcaloide que se obtiene de la planta de coca.
[4] Es una preparación compuesta por vino blanco, azafrán, clavo, canela y otras sustancias además de opio
[15] Es una mezcla de la pasta básica de la cocaína con una parte variable del bicarbonato de sodio. Es instantáneamente adictivo lo que haría imposible su consumo ocasional o intermitente.

[16] Mentamfetamina de Cristal. Es una variedad de la anfetamina altamente tóxica y adictiva.
[17] http://www.blogvicentefox.blogspot.com.es/
[20] Los silenciados: luchando por la libertad de prensa en México.
[22] Financial Times, 18 de enero, 2007
[24] Municiones, armas y demás maquinaria utilizados por soldados
[32] Regímenes que no pueden ser considerados como democracias debido a la existencia de un evidente abuso de los recursos públicos, la manipulación de los medios de comunicación o las normas democráticas en su beneficio y, a veces, incluso de los propios resultados electorales (Ej. Milosevic o Fujimori) o de restricciones de ciertas libertades, debidas a las amenazas y las represalias que sufren algunos políticos, periodistas o activistas de la oposición. Ej. Rusia de Putin y Venezuela de Chávez.
[33] La pobreza extrema es el estado más severo de pobreza. Cuando las personas no pueden satisfacer varias de las necesidades básicas para vivir como alimento, agua potable, techo, sanidad, y cuidado de la salud. Para determinar la población afectada por la pobreza extrema, el Banco Mundial define la pobreza extrema como personas viviendo con menos de $1.25 al día
[34] JUSIDMAN, Clara. Desigualdad y política social en México
[35] BUSCAGLIA, Edgardo, Causas y consecuencias del vínculo entre la delincuencia organizada y la corrupción a altos niveles del estado: Mejores prácticas para su combate. Pág. 88.

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