1. EVOLUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA
EN MÉXICO
Sin embargo, a partir del Siglo XX, el Gobierno y la Sociedad estadounidense
iniciaron una estrategia de represión como respuesta a los problemas del
consumo y el tráfico de drogas.
Así, la Harrison Narcotic Act, de 1914, impuso controles más estrictos
sobre la importación y distribución de opio y opiáceos, y de otras drogas.
Prohibió la venta de dosis sustanciales de opiáceos y cocaína, excepto por
fabricantes, médicos y farmacias. Dicha ley prohibió el uso no médico.
En consonancia con la política internacional impulsada por los EE.UU., en
México, en 1916 se promulgó la primera ley que prohibía traficar con productos
opiáceos. En los años veinte surgieron leyes federales que prohibían el cultivo
y comercio de marihuana y adormidera.
La difusión de los estereotipos de algunas drogas como malignas y del
adicto como figura demoníaca, motivaron una campaña no sólo contra usuarios y
traficantes, sino también contra el sector médico. La persecución llegó a los
médicos y farmacéuticos especializados, con monopolio para dispensar drogas.
Numerosas clínicas fueron cerradas por la División de Estupefacientes de la Prohibition Unit. Un alto número de médicos y
farmacéuticos que recetaban opio, morfina y cocaína fueron juzgados y
encarcelados.
De esta forma el suministro legal, se convirtió en ilegal.
El 18 de diciembre de 1918, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la
decimoctava enmienda constitucional. Dicha enmienda prohibía “La manufactura, venta
o el transporte de licores intoxicantes dentro de los Estados Unidos, su
importación o su exportación, para propósitos de bebida”
Los altos costos y los bajos logros de la política prohibicionista, la
depresión, la desocupación masiva, la necesidad de crear empleos, llevaron a
que, en febrero de 1933, el Congreso de los EE.UU., aprobase una
enmienda constitucional de rechazo de la prohibición. En 1934, la
enmienda 22 es adoptada y las bebidas alcohólicas son legalizadas.
A partir de aquí, las mejores oportunidades del crimen organizado no
estarán en el alcohol ni en la prostitución, sino en el juego ilegal y en las
drogas.
En México en los años treinta, gobernado
en mayoría absoluta por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI),
la producción de marihuana se podía contar ya en toneladas y los supuestos
dueños de los cultivos eran sospechosos de estar protegidos por miembros de
alto rango de la policía anti-narcóticos. El
General José Siurob, Jefe del Departamento de Salud Pública, reconoció en 1937
que los agentes utilizados para la lucha contra los estupefacientes fueron
pagados con la droga que se incautaron.
A finales de los años sesenta, el consumo de drogas se había
incrementado notablemente entre los jóvenes de clase media de los Estados
Unidos. México era, en esos años, un proveedor importante de marihuana y
goma de opio para el mercado estadounidense.
Por otro lado, debido a la creciente demanda de cocaína en Estados Unidos, durante los años setenta y ochenta, aparece en Colombia el primer gran cártel: El Cártel de Medellín, seguido de su
competidor, el Cártel de Cali.
Durante estos veinte años tanto el cártel de
Medellín como el de Cali lograron controlar la exportación de cocaína desde los
Andes hacia Estados Unidos. Ambos
comenzaron sus empresas por vía aérea, importando clandestinamente la
"base" o "pasta" (pasta básica) desde el sur de los Andes,
especialmente desde la región del Alto de Huallaga en Perú (en donde se
originaba 65 por ciento de la producción mundial de coca) y desde la región del
Chapare en Bolivia (donde se producía 25 por ciento) hacia Colombia.
En Colombia se refinaba el producto,
y era trasladado por vía marítima, utilizando buques de carga o botes rápidos,
o por vía aérea a través del Caribe, con destino al sur de la Florida. De allí, a
través de redes criminales que emplean automóviles, camionetas o aviones, se
distribuye por todos los Estados Unidos.
Como resultado de su posición
dominante dentro del boom del comercio de cocaína, los cárteles colombianos
eran incuestionablemente más ricos y poderosos que los grupos criminales de
México, los cuales estaban entonces relacionados solamente con la producción y
el contrabando de marihuana y heroína hacia el mercado norteamericano.
En respuesta al flujo de cocaína
comercializada a través del Caribe desde Colombia, el presidente Ronald Reagan creó en 1982 el Grupo de Trabajo del Sur de la Florida (South Florida
Task Force) y designó al entonces vicepresidente George H. W. Bush a la cabeza
del mismo. En un esfuerzo para poner fin al tráfico de cocaína colombiana por
el Caribe, este grupo de trabajo tenía como objetivo coordinar - por primera
vez - la aplicación de la ley federal y los activos militares en la "Guerra contra las Drogas",
declarada por el mismo presidente.
A finales de la década de los ochenta, Estados Unidos
redujo considerablemente el volumen de droga que se movía por
la ruta del Caribe desde Colombia a
Miami. Esta ruta permitía a los cárteles colombianos exportar cocaína de forma
directa a Estados Unidos, sin intermediarios. México pasó así a ser el
territorio más importante para el tránsito de drogas hacia Estados Unidos,
convirtiéndose en uno
de los países más inseguros del planeta.
Durante la segunda mitad de los noventa, varios grupos mexicanos
comenzaron a incursionar en el negocio de la cocaína, primero en Juárez, bajo la dirección de la familia
Carrillo Fuentes y luego en Tijuana,
con la familia Arellano Félix. Estas familias se involucraron progresivamente
en el comercio de cocaína traída de Colombia.
En la primera mitad de la década de 2000, dos organizaciones
traficantes -el cartel de Sinaloa encabezada por Joaquín "El
Chapo" Guzmán Loera y el cartel del
Golfo capitaneado por Osiel Cárdenas Guillén se movieron con un éxito
considerable contra los cárteles de Juárez y Tijuana, logrando forjar sus
propios vínculos con los cárteles colombianos y también con traficantes
colombianos en Perú y Bolivia.
Para el año 2003, los cárteles de Sinaloa y el Golfo se transformaron en los
actores más dinámicos, poderosos y brutales en el comercio de cocaína mexicana,
suplantando exitosamente a los cárteles de Tijuana y Juárez. Pronto, estos dos cárteles
se convirtieron en violentos rivales. Se dan nuevas luchas dentro de los grupos
establecidos como el de Sinaloa (que vio a la familia Beltrán Leyva
independizarse del Chapo) y que han producido una gran fragmentación interna.
Las pugnas internas en los cárteles de Sinaloa, Tijuana y Juárez, junto con un
complejo conjunto de alianzas cambiantes entre las varias bandas criminales,
caracterizan hoy el escenario donde se disputan el monopolio del comercio de
droga en México.
Al mismo tiempo, en Octubre de 2002,
el batallón 65 de infantería del
Ejército de México, compuesto por 600 militares y enclavado en Sinaloa, es
desintegrado por su vinculación con el narco y los generales Mario Arturo
Acosta Chaparro y Francisco Humberto Quirós Hermosillo fueron sentenciados por
un consejo de guerra, al hallarlos culpables de mantener relaciones con el
tráfico de drogas.
Internacionalmente
se ha dicho que México estaba a punto de convertirse en un narco-estado por el
complicado tejido creado entre el crimen organizado y los aparatos estatales. El ex alcalde panista de
Ciudad Juárez aseguró que el 60% de los municipios mexicanos están infiltrados
por el narco.
Luis Astorga, académico del Instituto de
Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México señalaba
una mesa debate (Razones
para debatir. Drogas, cultura y Sociedad", organizado por el Museo Tamayo)
que: "Para conocer la relación
entre los poderes políticos y las organizaciones de narcotraficantes basta con
analizar las rutas del tráfico de drogas en los municipios costeros y
fronterizos del país junto con los partidos que gobiernan esas zonas. Si ustedes cruzan Estados
productores de droga con las rutas de cocaína y rutas hacia Estados Unidos van
a ver Chihuahua, Nuevo León, Coahila y Tamaulipas con gobiernos del PRI,
Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatan y Quintana Roo, también con el PRI, son
dos rutas importantes para el tráfico de cocaína, la del Golfo y la frontera
norte. Y la del Pacífico tenemos Nayarit, Zacatecas,
Durango, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Baja California con poder compartido por
PRI y la alianza PAN-PRD.
Este análisis de fuerzas
políticas y rutas de tráfico de drogas puede hacerse a nivel municipal y la
información que arroja es que la droga pasa forzosamente por esos lugares y
forzosamente se relaciona con las personas que están en posiciones de poder,
son los que pueden dar protección, son los que se pueden asociar con los
traficantes. La corresponsabilidad está señalada claramente. Por ahí tiene que
pasar forzosamente la droga y tiene que pasar por lugares donde están esos
partidos y son los que nombran a las policías"
Por su parte, Eduardo Buscaglia,
catedrático y asesor de la
Organización de las naciones Unidas (ONU), afirmó que los
verdaderos líderes del crimen organizado están encumbrados en los ámbitos
empresarial y político del país. La infiltración de las organizaciones del
narcotráfico a través de sobornos o amenazas, en los gobiernos municipales, ha
alcanzado niveles históricos, pues, según un estudio que él encabezó, el 72% de
los municipios mexicanos han sido infiltrados por los cárteles de las drogas.
2.
EVOLUCIÓN DE LA
VIOLENCIA GENERADA POR EL NARCOTRÁFICO
Según el Consejo
Ciudadano para la
Seguridad Pública y Justicia Penal[5], doce de las cincuenta ciudades más violentas están
en México: Ciudad Juárez, Chihuahua, Tepic, Durango, Torreón, Tijuana,
Acapulco, Reynosa, Nuevo Laredo, Cuernavaca, Mazatlán y Culiacán.
Antes del año 2007 no existen datos oficiales sobre
el número de homicidios producidos en México, existen encuestas más o menos
fiables, como por ejemplo la encuesta de victimización
y eficacia institucional, que ofrecen estimaciones estadísticas a partir de
encuestas, por lo que sus datos conviene manejarlos con precaución. No
obstante, tal vez, resulten más fiables que los datos proporcionados por el
Gobierno Federal de Felipe Calderón a partir de 2007.
|
1990
|
14.520
|
1999
|
12.287
|
|
1991
|
15.143
|
2000
|
10.788
|
|
1992
|
16.605
|
2001
|
10.324
|
|
1993
|
16.056
|
2002
|
10.143
|
|
1994
|
15.844
|
2003
|
10.139
|
|
1995
|
15.625
|
2004
|
9.330
|
|
1996
|
14.508
|
2005
|
9.926
|
|
1997
|
12.562
|
2006
|
10.454
|
|
1998
|
13.716
|
2007
|
8.507
|
Según la base de datos de homicidios[6] relacionados con la delincuencia organizada publicada por
Año
|
Nº de Homicidios
|
2007
|
2.826
|
2008
|
6.837
|
2009
|
9.614
|
2010
|
15.273
|
Por su parte según datos de la Procaduría General
de la República[7] de México en 2011 (hasta septiembre) se
registraron 12.903 asesinatos relacionados con la delincuencia
organizada.
Como puede observarse entre 1990 y 2007 el número de homicidios había disminuido
sistemáticamente, año tras año, sin embargo, a partir de 2008 se rompe con la
tendencia a la baja, volviendo a tasas de 1990 a partir de 2010.
En total, desde 2007 a 2011, según datos
oficiales, han muerto en México 47.453 personas a consecuencia de la
violencia que ocasiona el crimen organizado. Al final de sexenio el
número de muertos llegarán a las cincuenta mil personas, sin contar los
desaparecidos. Es un número superior a la cantidad de bajas que tuvo Estado
Unidos en la guerra de Vietnam.
Pero además, la
violencia relacionada con el narcotráfico, es una violencia extrema, es decir,
nos les basta con matar, como señala la antropóloga Rossana Reguillo, “hay que mutilar, decapitar,
desmembrar, cortar, volver el cuerpo a la nada para lograr un efectismo
multiplicado por los medios de comunicación y así mandar constantes mensajes al
estado, a las fuerzas de seguridad y a los competidores”.
Estos datos, permiten hablar de guerra en México
contra el narcotráfico. Pero según el Informe
Mundial de Drogas de 2011 elaborado por la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas[8] (UNODC), el cultivo y el consumo de opiáceos y de
cocaína en 2010 se mantuvieron estables. Hay 250 millones de consumidores de drogas en el mundo. El mayor
mercado de la cocaína sigue siendo los Estados Unidos, con un consumo calculado
de 157 toneladas, es decir, el 36% del consumo mundial. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de Estupefacientes,
las drogas ilícitas constituyen actualmente la tercera industria más
rentable del mundo, después de la industria alimenticia y el petróleo, con un
valor estimado en $450 billones anuales,
completamente bajo el control de criminales.
Por tanto, si de los datos extraídos, el cultivo,
tráfico y consumo de drogas, se han mantenido estables, y sin embargo, la
violencia asociada al mismo, y la corrupción de autoridades, se han
incrementado se puede hablar de guerra
perdida.
3. ANÁLISIS
DE LAS ESTRATEGIAS POLÍTICAS CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN MÉXICO
Durante la “dictadura perfecta” del
Partido Revolucionario Institucional (1929-2000) gobierno y crimen organizado
mantuvieron una relación simbiótica basada en un pacto de no agresión. El pacto fue posible por la centralización
política que imperaba en aquel periodo, en el que el gobierno federal o los
gobernadores podían garantizar el cumplimiento de acuerdos con los criminales. Al
acuerdo llegaban por las buenas, pagando la campaña electoral; o por la fuerza,
los narcos ofrecían a las autoridades la disyuntiva de que si aceptan sus
condiciones tendrían “Plata” y si no tendrían “Plomo”. En consecuencia, los
homicidios bajaban espectacularmente cuando un solo grupo criminal como Sinaloa
se consolidaba en un territorio. Pero esta disminución de homicidios se
producía porque no había competencia entre ellos, lo cual no significaba que
los grupos criminales no hubieran capturado al Estado.
Luis Astorga sostiene
que como partido en el poder, el PRI sirvió como un árbitro entre los “cárteles”
de la droga, regulando, controlando y conteniendo el narcotráfico, al mismo
tiempo que protegía a grupos de narcotraficantes y mediaba en conflictos entre
ellos. Tal como un ex alto funcionario del PRI lo declaró al Washington Post,
“Antaño había reglas. Decíamos, ‘No puedes matar a la policía, te enviaremos el
ejército’. Decíamos, ‘No puedes robar 30 Jeep Cherokees al mes; sólo puedes
robar cinco’”. En definitiva, haced vuestro negocio pero “no me toquéis la
plaza”.
En la medida en que el
PRI empezó a perder su poder político, culminando en las elecciones
presidenciales de 2000, esta estructura de control se debilitó, dando como
resultado una menor capacidad para controlar a los cárteles. Frente a ello,
“los traficantes recurrieron a la violencia para hacer cumplir sus acuerdos con
las autoridades, ajustar cuentas a organizaciones de la competencia, e
intimidar o tomar venganza contra las fuerzas del orden”
Pero es
en 2008, con el Presidente Felipe Calderón, cuando se produce un cambio radical
en la política contra el crimen organizado, pasando del pacto de no agresión a
la declaración abierta de guerra a
través de una ofensiva militar que no tiene precedentes.
En 2008 los presidentes Felipe
Calderón y George Bush firmaron el tratado internacional denominado la “Iniciativa
Mérida[9]”,
para combatir el narcotráfico y el crimen organizado y luchar contra ellos. A
partir de este momento Felipe Calderón inició una rápida
y masiva respuesta a la violencia relacionada con las drogas que afectaba al
país, desplegando más de 6.500 soldados y agentes de la policía federal a
Michoacán, seguido por operaciones en varios otros estados afectados por el
narcotráfico y la violencia. Actualmente, más de 50.000 soldados están
asignados a operativos de gran escala contra el narcotráfico en todo México.
Según Calderón claudicar en los operativos contra los narcotraficantes, en los que
participan decenas de miles de militares y policías federales, no es una
opción. "La única manera de terminar verdaderamente con este cáncer es
perseverar en la estrategia". "Esta lucha tiene que seguir (...) Por
muy difícil que parezca la lucha, ténganlo por seguro, vamos a vencer a esos
criminales". Afirmó que de no haberse enfrentado a los cárteles, estos
"controlarían decisiones y recursos del Estado y de la sociedad, eso
hubiera significado simple y llanamente perder al país". "De no haber
hecho nada, en lugar de la utópica tranquilidad que algunos imaginan, el país
estaría totalmente dominado por los cárteles, el crimen habría crecido hasta
ser inoperantes las instituciones del Estado y ponerlas a su servicio". Y
culpó a anteriores administraciones "del error de apoyar, tolerar y no
tocar al crimen dio como resultado el escenario que hoy enfrentamos”.
El panorama que el
presidente Calderón trazó era espeluznante. Los cárteles se habían infiltrado
como una hidra en todos los organismos del Estado y los sofocaban, corrompían,
paralizaban o los ponían a su servicio. Contaban para ello con una formidable
maquinaria económica, que les permitía pagar a funcionarios, policías y
políticos mejores salarios que la administración pública.
La mayoría de la población aceptó
este discurso. En un principio, esta política logró una amplia aprobación
pública. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, han crecido
significativamente el número de ejecuciones y se ha incrementado la presencia y
el peso de las organizaciones criminales en varias regiones del país y en las
más diferentes actividades, se han multiplicado las críticas al ejercito y ha
ido cayendo la aprobación pública. En una reciente encuesta realizada por BGC
Excélsior[10], al evaluar la gestión del
Presidente Calderón, para un 42% de los encuestados la lucha contra el
narcotráfico emprendida por Felipe Calderón constituye el principal acierto de
su gestión, mientras que para un 23% constituye su mayor error.
Asociaciones, como Movimiento
por la Paz con
Justicia y Dignidad[11]
critican que la política de militarización del conflicto no haya ido
acompañada de una política de fortalecimiento
de la seguridad pública y de la justicia y que la consecuencia es que se ha
generalizado la violencia y se hayan extendido otras formas de violencia graves
como los homicidios, el secuestro y la extorsión. Simplemente basta analizar el
número de muertes generadas por estas políticas en cinco años de aplicación
(2007-2011): 47.453
muertes relacionadas con el combate del narcotráfico. Es
evidente que el precio pagado por la sociedad mexicana es desproporcionadamente
mayor a los beneficios obtenidos en esta guerra contra los cárteles de la
droga.
En el informe de
Human Rights Watch de 2011 titulado “Ni seguridad, ni derechos[12]”
se demuestra que las fuerzas de seguridad mexicanas han participado en 170
casos de torturas, 39 desapariciones documentadas y 24 ejecuciones
extrajudiciales.
Un incidente que nos
muestra los riesgos que conlleva que los militares realicen el trabajo de la
policía, fue el sucedido el 1 de junio del 2007, cuando la familia Esparza estaba a
bordo de su camioneta pickup transitando la comunidad La Joya de los Martínez, en el
estado de Sinaloa, cuando atravesaron un reten militar sin detenerse. Soldados
del 24 Regimiento de la Caballería Motorizada abrieron fuego sobre el
vehículo, matando a dos mujeres y tres niños. Los sobrevivientes de la familia
Esparza afirmaron no haber visto el reten militar y dijeron que los soldados se
rehusaron a ayudar a los heridos. La Comisión Nacional
de Derechos Humanos estableció que ninguna de las personas que murieron o
fueron heridas había disparado arma de fuego alguna.
Todo ello, hace que la sociedad
mexicana se cuestione si la política del Presidente Calderón debería ser
replanteada. En este sentido, el candidato
a la presidencia de la
República mexicana por el Partido de la Revolución Democrática
(PRD) Andres Manuel López Obrador,
mantiene que la guerra de calderón ha sido un fracaso y que la mejor manera de
combatir el narcotráfico es, por un lado siendo implacable contra la
corrupción, y por otro lado, generando mejores condiciones de vida y fuentes de
empleo para que los jóvenes no caigan en la tentación de buscar el dinero por
vías ilegales al no tener otros alternativas a su alcance.[13]
4. LEGALIZACIÓN DE LAS DROGAS. ARGUMENTOS A FAVOR Y
EN CONTRA
En un artículo publicado en el
diario El País, titulado “El otro Estado[14]”,
Mario Vargas Llosa escribió: “es absurdo declarar una guerra que los cárteles
de la droga ya ganaron”. Llegaron para quedarse. Están mejor armados que la
policía y el ejército, tienen cuadros jóvenes capacitados para relevar a los
grandes capos que caigan presos o en combate, manejan cuantiosos recursos
financieros, exhiben una asombrosa capacidad de adaptación, poseen tecnología
avanzada, saben sortear obstáculos y sobreponerse a cualquier revés, y operan
como “las más desarrolladas transnacionales del mundo”.
En dicho artículo Vargas Llosa se
pregunta: “¿Estamos condenados a vivir, más tarde o más temprano, con
narco-Estados como el que ha querido impedir el presidente Felipe Calderón?”
¿Se diría que no hay solución? “La hay. Consiste en descriminalizar el consumo
de drogas mediante un acuerdo de países consumidores y países productores, tal
como vienen sosteniendo The Economist y buen número de juristas, profesores,
sociólogos y científicos en muchos países sin ser escuchados”.
En el contexto de México, la
legalización se plantea como una alternativa de solución, sin embargo, por sí
misma genera posturas encontradas en la sociedad. Los argumentos a favor de la
legalización circulan amplia e inteligentemente por el mundo.
Hay argumentos de principios que van
del alegato liberal clásico, según el cual el hombre es soberano de su cuerpo y
el Estado no puede obligarlo a evitar una conducta que lo dañe mientras esa
conducta no perjudique a terceros (John Stuart Mill), hasta el argumento
económico clásico, según el cual la represión de la demanda crea mercados
paralelos y precios artificiales que otorgan por la vía del crimen lo que la
sociedad prohíbe con la ley (Milton Friedman).
Según The Economist los beneficios
de la prohibición son modestos comparados con sus costes que “caen de manera
desproporcionada sobre países pobres y sobre la gente pobre de los países
ricos”. México ha pagado en violencia, corrupción, inseguridad y
desarticulación institucional, costes superiores a los que el consumo de las
drogas legalizadas hubiera provocado en su salud, su economía, su seguridad o
su equilibrio social.
La
prohibición es lo que hace que un kilo de mariguana en México valga 80 dólares,
mientras ese mismo kilo vale 2.000 dólares en California; que un kilo de
cocaína valga en una ciudad fronteriza mexicana 12.500 y 26.500 en la vecina
ciudad estadounidense; que un kilo de heroína valga en México 35.000 dólares y
71.000 en Estados Unidos.
La
mariguana representa el porcentaje mayor del comercio ilegal de drogas. Llamar
a la mariguana droga es una licencia del lenguaje, pues su toxicidad es
comprobadamente baja, por lo menos más baja que la del alcohol. Para los
partidarios de la legalización, no puede darse el mismo trato legal a drogas
suaves como la mariguana, a drogas duras como la cocaína y la morfina, y a
siniestros derivados de las drogas duras como el crack[15]
o el crystal meth[16]. Regular implica
separar los mercados de drogas y proteger a los consumidores permitiéndoles
consumir con acceso a buena información sobre los riesgos.
Los
beneficios que se obtendrían con la
legalización serían:
-
Reduciría
los beneficios del crimen organizado, no sólo del tráfico de drogas, sino
también del tráfico de armas, del lavado de dinero y muchos otros negocios
anexos, como las cárceles privadas.
-
Reduciría
la corrupción y la violencia.
-
Reduciría
la inestabilidad política de los países productores y de paso.
-
Reduciría
el tamaño de la población reclusa no violenta.
-
Liberaría
una enorme cantidad de recursos públicos hoy destinados a la persecución para
poder destinarlos a educación y sanidad.
-
Garantizaría,
como sucede con el alcohol, la calidad industrial o química de los
estupefacientes.
Los
posibles perjuicios de la
legalización se pueden sintetizar como sigue:
-
¿Qué
hará el crimen organizado cuando pierda sus ganancias? Cuando se legalizó el
alcohol se dedicaron al juego ilegal y a las drogas ¿Se dedicarán a otros
delitos como el secuestro y la extorsión?
-
¿Un
mercado legal no daría lugar a un mercado negro no regulado? Seguramente sí.
Pero los volúmenes, los márgenes de ganancia y la cantidad de personas
involucradas en el crimen organizado serían mucho menores.
-
Lo
que no resuelve la legalización es la existencia de usuarios de consumo
problemático o adictivo. El consumo de ciertas drogas, incluyendo el alcohol,
generan cierto tipo de crímenes, violentos o imprudentes.
-
Finalmente,
está la preocupación del efecto que la oferta legal podría tener sobre los
jóvenes. Se empieza probando la marihuana y se acaba fumando crack.
La postura de Felipe Calderón, es clara y rechaza la propuesta del
ex dirigente Vicente Fox (2000-2006) de legalizar las drogas. El argumento de
Calderón es que teme que la medida incremente el consumo entre los jóvenes del
país.
"Yo no estoy de acuerdo con la legalización. No estoy de
acuerdo porque si uno analiza, uno debe poner en la balanza ese debate, las
ventajas y las desventajas de una medida como ésa".
El mandatario explicó que, a pesar de que la legalización del
comercio de drogas contribuiría a rebajar los índices de violencia del país,
esta decisión podría alentar también su consumo entre los jóvenes, pasando de un problema de seguridad
nacional a uno de salud pública. Las declaraciones de Calderón son una
respuesta al plan para la legalización de las drogas presentado por su
predecesor en la presidencia, Vicente Fox[17],
quien propuso un plan para
legalizar la producción, venta y distribución de drogas como forma de acabar
con la violencia asociada al narcotráfico.
Por otra parte, los políticos
estadounidenses más que preguntarse cuáles son los beneficios y perjuicios de
la legalización, lo que se plantean es ¿Qué países saldrían beneficiados y qué
países saldrían perjudicados si se legalizara la producción, venta y consumo de
drogas? La respuesta es sencilla, los grandes beneficiados serían los países
productores y de paso: Bolivia, Colombia, Perú, México, Afganistán, Pakistán…,
cuyos Estados obtendrían una fuente enorme de ingresos derivados del mercado
legal de las drogas; y los grandes perjudicados, los grandes consumidores:
Estados Unidos y Europa, que deberían responder políticamente ante un problema
sanitario hasta entonces oculto y penalizado, sin contar con la pérdida de
beneficios que reporta a Estados Unidos el lavado de dinero del narcotráfico en
sus bancos, así como los ingresos derivados del tráfico de armas.
Los mexicanos suelen decir:
“Nosotros ponemos los muertos y ellos ponen los consumidores”. Para corroborar
esta afirmación, basta con observar un dato: En 2010 en la ciudad
estadounidense del Paso hubo 5 homicidios, mientras que al otro lado del río
Bravo, en Ciudad Juárez hubo 3.000 homicidios. La periodista Sandra Rodríguez
Nieto[18],
denuncia la impunidad de la que
gozan los asesinos en Ciudad Juárez: entre 2008 y 2010 fueron asesinadas 7.000
personas y en sólo 200 casos se presentaron pruebas contra sospechosos.
5. DAÑOS COLATERALES EN LA GUERRA CONTRA EL
NARCOTRÁFICO
Siempre se ha
dicho que en la guerra la primera víctima es la verdad, la mentira es un arma y
que el trabajo de reportero de guerra es un trabajo peligroso. En la guerra
contra el narcotráfico no podía ser una excepción. Según el Comité para la Protección de los
Periodistas[19] (CPJ), la prensa
mexicana está aterrorizada, los narcotraficantes utilizan los asesinatos, los
secuestros y las amenazas para censurar a la prensa y extorsionan a periodistas
corruptos para
conseguir una cobertura noticiosa favorable o para atacar a sus enemigos. Entre
2000 y mayo de 2012 son 60 los periodistas asesinados[20].
“Todo está corrupto, policías,
periodistas, socorristas. Todo. No hay donde acudir.” Afirma un reportero del
Diario de Ciudad Juárez, quien describe cómo desarrolla su trabajo: “No acudir
solos a los hechos, ni vestir el uniforme del periódico para el que se trabaja.
Tomar fotos de lejos, video sin sangre y, de ser posible, sin rostros ni
cuerpo. Esperar a los miembros del ejército mexicano varias cuadras antes de la
escena del crimen. En suma: postrarse, hacer malabares o de plano dejar de
reportear, guardar silencio, frente al narco y su presencia criminal.” “Los
reporteros de esta región no sólo no publican, sino que tienen prohibido pasar
información a otros medios de otras ciudades.”
A mediados de 2008, un periodista de
la sección policíaca de un diario escribió una nota de seguimiento sobre un
posible caso de pacto entre jefes de la Policía Estatal y
los narcos. Ya le habían enviado mensajes de advertencia, así que optó por no
firmar la nota. Al otro día apareció publicada con la leyenda “Redacción”, en
lugar del nombre del reportero. Días después en un operativo se topó con un
comandante, éste le dijo “ya supimos que fuiste tú el que escribió la nota, el
jefe está encabronado”. Y lo amenazó. Al poco tiempo ese comandante fue
asesinado, pero el miedo de ese periodista no murió. Alguien, no se sabe quién,
del interior del periódico, filtró que él había sido el autor de aquel texto.
Hasta la fecha el último reportero asesinado Marcos Antonio Ávila
fue encontrado el viernes 21 de mayo de 2012, con huellas de tortura en Sonora,
al norte del país. Ávila, de 39 años de edad, cubría temas relacionados con el
narcotráfico. La policía halló el cadáver del comunicador envuelto en una bolsa
de plástico negro con un mensaje (no revelado).
El sábado 12 de mayo se produjo un ataque
a balazos y granadas por parte de un comando armado a las instalaciones del
periódico El Mañana de Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Anteriormente, el día 3 se
encontraron los cuerpos (también con evidencias de tortura) de los reporteros
Guillermo Luna, Gabriel Huge y Esteban Rodríguez en Veracruz. Unos días antes,
el 28 de abril fue asesinada en su domicilio, en Veracruz, la periodista del
semanario Proceso, Regina Martínez.
Organizaciones internacionales señalan a
México como uno de los países más peligrosos para el ejercicio de esta
profesión. En el ranking de países más peligrosos para ejercer el periodismo
México ocupa el segundo lugar tras Irak.
6. ESTRATEGIA DE LOS EE.UU., EN LA LUCHA CONTRA EL
NARCOTRÁFICO
El problema de violencia en México es su situación geográfica. México es
la puerta al mayor consumidor de drogas del mundo y principal proveedor de
armas a los narcotraficantes. Así de rotundo se mostró el Presidente de
México Felipe Calderón que ubicó en el centro del problema de inseguridad el hecho de que “vivamos
al lado del mayor consumidor de drogas del mundo y que todos quieran venderle
droga a través de nuestra puerta o nuestra ventana y que, además, el amigo
mismo le venda armas a todos los criminales. Este es el meollo y el problema de
lo que estamos viviendo[21]”.
El Presidente Calderón
sostuvo que “los EE.UU. son solidariamente responsables por lo que nos está
ocurriendo… en esta responsabilidad conjunta, el gobierno estadounidense tiene
mucho por hacer. No podemos enfrontar este problema solos”.[22] El Presidente y los
integrantes de su Administración han mantenido esta postura con los Estados
Unidos, convocando continuamente al gobierno de ese país a hacer más por
combatir el narcotráfico, contener la demanda de drogas por parte de los EE.UU.
y mejorar el control sobre la venta de armas que facilita su tráfico desde los
EE.UU. hacia México. Calderón enfatizó especialmente que los Estados Unidos
también deben poner su parte, declarando: “Estoy apelando a mi vecino para
actuar de manera coordinada, porque se trata de una situación que ambos debemos
encarar. Es un problema que afecta a los dos países, y sólo unidos podremos
resolverlo”
Además de invocar a los Estados
Unidos a hacer más por abordar el problema del consumo de drogas en ese país,
México ha urgido a los estadounidenses a tomar duras medidas respecto a la venta de armas que alimentan el tráfico
ilegal de éstas hacia México. Las autoridades mexicanas estiman que más del 90%
de las armas que confiscan han sido originalmente adquiridas en los Estados
Unidos[23]. En Estados Unidos
existen cerca de 12.000 establecimientos dedicados a la venta legal de armas,
de los cuales 6.700 están en la frontera con México.
El tráfico de armas es uno de los
negocios más rentables del mundo después del narcotráfico. Tiene un valor de
más de 30 mil millones de dólares al año en los Estados Unidos y ocupa el
segundo lugar en ingresos después del tráfico de droga.
El director de la unidad especializada contra el
Terrorismo y Tráfico de Armas, Ricardo Cabrera señalaba que: “Colindamos con el
mercado de armas más grande del mundo. Si a esto se suma la porosidad de una
frontera de 3.152
kilómetros en la que sólo existen 19 puntos de paso
formales, puede entenderse por qué el tráfico de pertrechos[24]
es, junto al tráfico de drogas y personas, nuestro problema mayor”.
“Muchos residentes de origen mexicano intermedian en la compra. Las
fuentes de rastreo señalan que los narcotraficantes les pagan 50 dólares por
cada arma. En las ferias llamadas Gun
Shows, no se exige ningún requisito a los ciudadanos deseosos de
adquirirlas. Cualquiera puede comprar lo que sea, en la cantidad que sea.
Existen miles de distribuidores no establecidos que compran armas para
revenderlas en sus casas y no están obligados a llevar registro alguno de sus
transacciones comerciales. El problema
mayor es la legislación: Estados Unidos no quiere legislar la compra de armas,
y mientras no lo haga no habrá manera de cerrarle al narcotráfico sus fuentes
principales de abastecimiento”.
A mediados de 2008, la base de datos conocida como E-Trace,
que puede seguir el rastro de las armas a partir de sus datos de
identificación, condujo a las autoridades hasta el domicilio de un policía de
Texas, Ramón Martínez. Había comprado de manera legal cientos de armas que
luego fueron utilizadas por el cartel del Golfo. Martínez se declaró culpable
ante un tribunal federal de haber colaborado con esa organización, y de “vender
armas que iban a parar a México”.
Por otro lado, para la
alegría de miles de bancos en EE.UU., los esfuerzos por atacar las finanzas de los grupos criminales mexicanos
simplemente no están funcionando debido a la resistencia de EE.UU. Raymond
Baker, director de Global Financial Integrity (GFI), afirmó que Washington no está ayudando a
México a combatir el blanqueo de activos
provenientes del narco. Ni hace demasiado por identificar las
cuentas bancarias ligadas al contrabando.
Efectivamente, una
investigación del diario The Observer[25],
demostró cómo, los cárteles de la droga mexicanos lavaron miles de millones de
dólares desde 2004 en el banco Wachovia, uno de los principales bancos de los
EE.UU. Este banco permitió depósitos de casas de cambio mexicanas por un
importe de 378.000 Millones de dólares (cifra que representa 1/3 del PIB
Mexicano) en cuatro años sin aplicar las
debidas medidas para evitar el lavado de dinero. Los depósitos permitían, por
ejemplo, que el cartel de Sinaloa comprara aviones para traficar drogas, o
crear empresas legales en México y otros países que financian las campañas
electorales de los partidos mexicanos. Tras la investigación, Wachovia pagó una
multa de 100 millones de dólares a las autoridades estadounidenses, lo cual
supone menos del 2% de los beneficios obtenidos. Nadie ha sido juzgado por este
caso.
Se calcula que, a
nivel mundial, el blanqueo de dinero representa entre el 2% y el 5% del PIB
mundial, es decir, entre 800.000 millones y 2 billones de dólares[26].
En concreto, el tráfico de drogas genera cada año alrededor de 85.000 millones
de dólares que después hay que blanquear.
Según informe del
diario The New York Time[27]
la agencia antidroga norteamericana
ha permitido conscientemente el lavado de millones de dólares procedentes del
narcotráfico mexicano, con la intención de comprobar cómo funcionan en Estados
Unidos las redes financieras de los cárteles.
Desde el otro lado de la frontera,
el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, señaló que “mientras la demanda
de drogas desde su país no se reduzca, la violencia asociada al narcotráfico
continuará en México[28]”,
reiteró su oposición a la despenalización del consumo de drogas y aclaró que su estrategia se centra en destinar más
recursos a programas de prevención y tratamiento.
Tras finalizar la Cumbre de Líderes de América del Norte (febrero
de 2012), donde participaron el presidente Felipe Calderón y el primer ministro
de Canadá, Stephen Harper, Obama dijo que la región debe actuar como bloque frente
al narcotráfico. “El poder de los cárteles del narcotráfico se está extendiendo
a un espacio más y más grande, en donde ellos tienen control sobre sectores de
la economía; si logran minar las instituciones de esos países, eso afectará a
nuestros negocios en esos países y podría tener un efecto en cadena hacia
nuestros nacionales... podría deteriorar en general la naturaleza de nuestra
relación” “el gobierno mexicano ha tomado esto con gran seriedad, con un gran
costo para sí mismo. Tenemos la obligación de tomar la justicia en serio y en
parte porque somos el destino último de gran parte de este mercado de drogas”.
Posteriormente, en la VI
Cumbre de las
Américas que se celebra los días 14 y 15 de abril de 2012 en Cartagena de
Indas, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha reconocido que su país «tiene que ser
parte de la solución» a la violencia que azota América Latina a causa del
tráfico ilegal de drogas. El presidente cree que al ser Estados
Unidos «un gran
mercado» para los narcotraficantes tiene que colaborar para acabar con esta
lacra. «Estados Unidos reconoce que tiene responsabilidades.
No es un problema sólo de México, Guatemala o Colombia.
Estados Unidos es parte del problema y tiene que ser parte de la solución
también». Obama ha explicado que «invertimos miles de millones de dólares en
salud pública, tratando de incrementar los programas de entrenamiento,
prevención y recuperación y educación para reducir la gran demanda», por lo que se ha mantenido en su apuesta de
reducir la demanda de drogas en Estados Unidos para favorecer la desaparición
de los narcotraficantes.
Así pues, tras analizar
las recientes declaraciones de los máximos dirigentes de Estados Unidos y
México, quien tuviera alguna esperanza en la legalización del consumo de drogas
como solución a los problemas de violencia en México ya puede darla por
perdida. La Política
que se va a seguir es clara: México seguirá luchando contra el narcotráfico
utilizando todos los medios que tenga a su disposición, incluido el ejército,
debiendo mejorar su actuación en el ámbito judicial y fiscal a requerimiento de
la administración Obama; y EE.UU., acepta que es co-responsable de la situación
de violencia en México y por tanto prestará el apoyo económico que precise el
país vecino para seguir luchando contra el narcotráfico en el marco de la Iniciativa Mérida ,
y en el ámbito interno seguirán invirtiendo millones de dolores en políticas
que intenten reducir la demanda en el consumo de drogas.
Estados Unidos no está
dispuesto a poner fin a los ingentes ingresos que le reporta el tráfico de
armas, el lavado de dinero en sus bancos y los derivados de un nuevo negocio en
apogeo en Estados Unidos: el de las cárceles privadas[29]. En EE.UU. cada año entran y salen de sus cárceles 10
millones de personas. Los internos tienen la obligación de trabajar y cualquier
empresario puede contratar presos como mano de obra barata. Este singular
mercado de las cárceles privadas reporta a sus accionistas suculentos
dividendos. The GEO Group. Inc., Corrections Corporation Of America y
Management & Training Corporation son dueñas de más de 200 prisiones en
Estados Unidos. Prisiones privadas que funcionan como hoteles, cuantos más ocupantes
entren, más ingresos se obtienen: cada preso reporta a la cárcel unos ingresos
de 200 dólares diarios, 6.000 mensuales o 72.000 anuales. En total al año
obtienen unas ganancias de 5 Billones
de dólares[30]. ¿Quiénes son los principales usuarios de estos peculiares
hoteles? No hace falta buscar información para responder a esta pregunta:
inmigrantes ilegales y pequeños traficantes de droga. Cuando el presidente de
los Estados Unidos George W. Bush prometió mano dura contra el narcotráfico,
las cotizaciones en bolsa de las empresas indicadas se dispararon.
En consecuencia, a pesar de que la Comisión Global de
Políticas de Drogas, liderada por cuatro ex-presidentes, por Kofi Annan y otros
líderes mundiales, presentaron un informe[31]
en el que se señalaba que: “la guerra global contra las drogas ha
fracasado”, y que “Las políticas de prohibición crean más daños de los que
previenen”, y recomiendan “un enfoque basado en la salud”, los políticos de los
Estados Unidos se paralizan ante el salto al vacío que supone abandonar la
política actual de enfrentamiento armado para aventurarse en alternativas
inciertas. Es decir, aceptan que la guerra contra las drogas no funciona pero
prefieren tolerar sus fracasos, antes que probar alternativas.
7. SITUACIÓN ACTUAL. UNA PERSPECTIVA DE FUTURO. MÉXICO AL BORDE DEL COLAPSO.
7. SITUACIÓN ACTUAL. UNA PERSPECTIVA DE FUTURO. MÉXICO AL BORDE DEL COLAPSO.
En 1990 Mario Vargas
Llosa esbozó el siguiente retrato: “México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, ni la Unión Soviética ,
ni Fidel Castro, es México”. Se refería, por supuesto, al sistema político del
PRI, un partido inamovible, con una retórica que provenía de la izquierda, que
reclutaba a muchas de las mentes más brillantes y encima de todo concedía un
espacio para cierta especie de crítica, aunque no para aquella que ponía en
riesgo su permanencia. El mismo Octavio Paz, llamó a la precisión: no
se podía hablar de dictadura sino de un sistema
hegemónico de dominación.
Más tarde (Monterrey, octubre de
2007), matizó que: México había dejado de ser una dictadura perfecta y ahora
transitaba por la ruta de la democracia
imperfecta: “Soy optimista con México. Creo que está en una buena
dirección, con problemas enormes, con una necesidad de muchas reformas, pero ha
salido de un sistema que era dictatorial” México, declaró, había pasado de “la
dictadura perfecta a la democracia difícil”.
Para la adecuada calificación del régimen político
mexicano es necesario precisar, en primer lugar, que una dictadura, no es un régimen político, es un gobierno interino surgido de una crisis y que suele acabar
en el establecimiento de un régimen totalitario o autoritario. En segundo
lugar, un sistema de partido hegemónico tampoco
es un régimen político, sino un tipo de sistema de partido, que suele asociarse
a regímenes totalitarios o autoritarios, al igual que el bipartidismo o
pluralismo político se asocia a regímenes democráticos. En tercer lugar,
calificar a México como un estado fallido es absurdo. Un estado fallido es un enclave de poder ilimitado sin ningún tipo de
legitimidad donde el poder del Estado se ha derrumbado. Aquí no tratamos con
Estados, regímenes o sistemas políticos sino con algo distinto; ejemplo:
Liberia, Sierra Leona, Rwanda. Y en cuarto lugar, según Diamon, Linz y Lipset
la democracia es un sistema de
gobierno que reúne tres condiciones esenciales:
- Competición significativa y extensiva entre individuos y grupos para todas las posiciones de poder del gobierno.
- Un nivel altamente inclusivo de participación política en la selección de líderes y políticas, a través de elecciones libres e imparciales.
- Un nivel de libertades civiles y políticas suficiente para asegurar la integridad de la competición política y la participación (libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de organización).
Por
ello, hasta el año 2000, el régimen
político mexicano podría definirse como un régimen autoritario seudo-competitivo[32],
con un sistema de partido hegemónico, tal
y como lo define Giovani Sartoi,
esto es, un régimen donde la competición partidista es tan restringida que no
se dan los requisitos para hablar de una auténtica democracia, con un sistema
de partidos que permite la existencia de otros, pero como partidos subalternos,
que no amenazan su posición hegemónica.
Sin
embargo, a partir de 1989, cuando el partido del PRI perdió la hegemonía en el
Estado de Baja California ante el Candidato del PAN, y luego la mayoría
absoluta de la Cámara
de los Diputados en 1997, ante el mismo partido y posteriormente las elecciones
federales de 2000, se pude decir, que México inicia una transición hacia una democracia electoral o tal y como O’Donnell ha llamado: “democracia delegativa”, que son un
punto intermedio entre un régimen autoritario competitivo y las democracias
consolidadas. Se trata de una democracia a todos los efectos pero en vías de
consolidación, en transición. O’Donnel les llama democracias delegativas porque
reflejan la frágil naturaleza del Presidencialismo de América Latina (México,
Brasil, Argentina o Perú). Aquél que gana una elección presidencial aparece autorizado (mediante la
delegación electoral) para gobernar el país como le parezca conveniente. Los
presidentes se presentan “por encima” de los partidos y los intereses privados,
se aíslan del resto de las instituciones políticas y se convierte en los únicos
responsables de “sus” políticas. Son una interpretación populista de la
democracia.
Una democracia débil, en transición como la mexicana, precisa
de incentivos para no colapsar, precisa de una serie de factores o condiciones
estructurales que refuercen su mantenimiento. En este sentido según Barrington
Moore el crecimiento de la clase media, el incremento en el bienestar
material de los sectores menos favorecidos y el relativo predominio de
una burguesía comercial e industrial suponen unas bases sociales más
adecuadas para la consolidación de la democracia.
En un estudio realizado por Clara Jusidman, donde se
analiza el grado de desigualdad entre las clases sociales mexicanas se señala
que mientras un Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial tiene un
salario mensual de 31.000 dólares, un trabajador que percibe el salario
mínimo cobra 138 dólares. En comparación, en España un Magistrado del
Tribunal Supremo percibe un sueldo mensual, al cambio, de unos 13.200
dólares, siendo el salario mínimo en España unos 847 dólares, al
cambio. Pero, además, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social, en México, el
número de personas en situación de pobreza subió de 48.8 millones a 52 millones
entre 2008 y 2010, lo que significa que el 46.2% de la población se encuentra
en esa situación. Por su parte la pobreza extrema[33] se
mantiene en 11.7 millones de personas.
Junto
con el problema de seguridad nacional que implica el narcotráfico, estos datos
nos señalan el gran problema social al que debe enfrentarse la débil democracia
Mexicana. Hay que tener en cuenta que, si bien la pobreza por sí sola no
justifica la existencia de la violencia, la base social de apoyo a los
narcotraficantes está en los expulsados del sistema, los jóvenes de familias
desestructuradas que no tienen acceso a la educación ni al trabajo, que no
conocen lo que es el afecto familiar, que sueñan con tener entre sus manos un
arma para ser respetados por los compañeros del colegio, son presas fácil del
crimen organizado, que les ofrece la seducción de la vida fácil, integrarse en
un grupo temido y respetado de delincuentes impunes. Según Clara Jusidman: “Desde
los 70, los ingresos de las familias dependen cada vez menos del trabajo formal
y de la actividad empresarial regulada y registrada, y cada vez más de
actividades informales, la migración y el ejercicio de prácticas ilegales y
criminales[34]”.
La
narco.cultura se impone a la cultura del esfuerzo si este no es premiado y el
crimen organizado resulta impune al castigo.
Edgardo Buscaglia explicó que “en las zonas rojas, es decir, donde hay
mayor nivel de violencia, los menores entre doce y diecisiete años consideran
que los capos y los grupos criminales son una alternativa de vida viable y
tentadora. Sus ídolos llegan a ser personajes como El Chapo Guzman, El Mayo
Zambada”. En la medida en que estos jóvenes no dispongan de alternativas de
vida, educación, empleos con salarios que les permitan llevar una vida digna
seguirán deslizándose hacia el crimen organizado.
Pero el régimen político de México se muestra incapaz de dar respuesta a
esta tragedia social como consecuencia del clasismo decimonónico y de una
corrupción endémica insertada en la clase política, más preocupada por su
bienestar personal que por dar respuesta a los problemas de la sociedad
mexicana. Se estima que en México el crimen organizado inyecta, anualmente,
aproximadamente 80 mil millones de pesos (unos 5 mil millones de euros) a las
arcas de los políticos mexicanos para financiar sus actividades políticas[35].
Esta situación de corrupción generalizada que impide la existencia de un
gobierno eficaz capaz de resolver los problemas de la sociedad genera una pérdida de legitimidad del régimen
democrático mexicano, es decir, una pérdida de creencia en la validez del orden legal e
institucional para resolver los problemas de la sociedad, que puede llevar a
una democracia no consolidada como la mexicana al colapso y por tanto a una democracia
fallida.
[1] Se refiere a los alcaloides presentes en el opio, un extracto de la exudación lechosa y blanca obtenida de
la incisión de la cápsula de la amapola o adormidera (Papaver somniferum L.). También se ha utilizado
tradicionalmente para referirse a los derivados naturales y semi-sintéticos de
la morfina
[2] La heroína es un derivado de la morfina
[3] La cocaína es un alcaloide que se obtiene de la planta de coca.
[4] Es una preparación compuesta por vino blanco, azafrán, clavo, canela y otras
sustancias además de opio
[15]
Es una mezcla de la pasta básica de la cocaína
con una parte variable del bicarbonato de sodio. Es instantáneamente adictivo
lo que haría imposible su consumo ocasional o intermitente.
[16] Mentamfetamina de Cristal. Es una variedad de la
anfetamina altamente tóxica y adictiva.
[17] http://www.blogvicentefox.blogspot.com.es/
[20] Los silenciados: luchando por la libertad de prensa en
México.
[22] Financial
Times, 18 de enero, 2007
[24] Municiones, armas y demás maquinaria
utilizados por soldados
[26] Ilícito. Naim Moisés. Pag. 176. http://books.google.es/books?id=Ne3SELMLFOYC&pg=PA169&hl=es&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false
[32] Regímenes que no pueden ser considerados como democracias
debido a la existencia de un evidente abuso de los recursos públicos, la manipulación
de los medios de comunicación o las normas democráticas en su beneficio y, a
veces, incluso de los propios resultados electorales (Ej. Milosevic o Fujimori)
o de restricciones de ciertas libertades, debidas a las amenazas y las
represalias que sufren algunos políticos, periodistas o activistas de la
oposición. Ej. Rusia de Putin y Venezuela de Chávez.
[33] La pobreza extrema es el estado más severo de pobreza.
Cuando las personas no pueden satisfacer varias de las necesidades básicas para
vivir como alimento, agua potable, techo, sanidad, y cuidado de la salud. Para determinar la población afectada por la pobreza
extrema, el Banco Mundial define la pobreza extrema como personas viviendo con menos
de $1.25 al día
[34] JUSIDMAN, Clara. Desigualdad y política social en México
[35] BUSCAGLIA,
Edgardo, Causas y consecuencias del vínculo entre la delincuencia organizada y
la corrupción a altos niveles del estado: Mejores prácticas para su combate.
Pág. 88.
